Supersociedades confirma supervisión a Monómeros tras resolver apelación
Aunque Monómeros advirtió en su apelación que la toma de control de Supersociedades sería contraproducente y comprometería a la empresa, para el ente colombiano no existe manera en la que la compañía pueda salir del atolladero financiero y administrativo en el que se encuentra
La Superintendencia de Sociedades de Colombia (Supersociedades) emitió una resolución el 30 de diciembre, en la cual se resuelve el recurso de apelación presentado por la Junta Administradora Directiva de Monómeros, filial de Pequiven en Colombia dedicada a la producción de fertilizantes.
La apelación fue presentada en un intento por evitar que Supersociedades procediera con su decisión de someter a control a Monómeros, una medida que implicaría que la empresa presentara planes y programas de acción inmediata para aliviar el estado crítico que padece en los ámbitos financiero y administrativo.
Sin embargo, mediante esta resolución -publicada por El Pitazo-, Supersociedades da respuesta a los argumentos presentados por el equipo legal de Monómeros y resuelve dar luz verde al «mayor grado de supervisión» con el que cuenta el organismo colombiano para intentar recuperar el estado de una empresa vital en ese país.
«El Superintendente Delegado de Supervisión Societaria (Carlos Mantilla) resuelve confirmar la resolución 301-004466 del 20 de agosto de 2021», indica el documento para luego advertir que contra este acto administrativo «no procede recurso alguno», según lo que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La resolución disecciona cada punto de la apelación y presenta argumentos para resaltar la necesidad de someter a control a Monómeros y dar luz verde a la decisión tomada el pasado 20 de agosto.
El organismo colombiano sostiene que la empresa afronta graves problemas en materia financiera y administrativa que requieren la intervención externa, puesto que de lo contrario la compañía podría quedar en una situación de insolvencia que le impediría seguir operando.
La Junta Directiva de Monómeros advertía en su apelación que sería contraproducente para la empresa la supervisión, bajo el argumento de que Supersociedades se basó en «información desactualizada y en apreciaciones que no se compadecen con las actuales realidades económicas de la Sociedad (la empresa) y el entorno empresarial colombiano».
Además, puntualizaban que la decisión despertaba preocupación en algunos de sus principales proveedores, que conducían a la posibilidad de «poner en riesgo la continuidad de las relaciones comerciales de la sociedad».
Supersociedades respondió que el sometimiento a control se adoptó «con base en la información aportada por la compañía» y en otros elementos como las respuestas a requerimientos realizados en agosto, con lo que «se argumenta que están adecuadamente delimitadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la decisión recurrida».
La crisis de Monómeros no solo tiene que ver con una mala gerencia y administración, sino que está estrechamente vinculada a las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra la Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales.
Para Monómeros, las sanciones se tradujeron en dificultades operativas ante el incremento de costos de materia prima, fluctuaciones de pronósticos de ventas y en inversiones de capital y gastos de personal.
Ante estos problemas, Supersociedades insiste con su argumento inicial, en el que se indica expresamente que «las proyecciones financieras de Monómeros difícilmente cambiarían con ajustes específicos o fraccionados en la estructura de costos de la compañía, por cuanto ello no eliminaría no ayudaría a reducir el impacto de los factores exógenos».
La resolución también da respuesta a otros argumentos alejados del aspecto financiero, pues se tomaron en cuenta diversos elementos para llegar a la conclusión de que era necesaria una toma de control.
Entre ellos, la Superintendencia había destacado la existencia de 218 demandas laborales en una planta de 555 empleados, pero debieron recular ante el argumento de Monómeros de que son procesos que se han acumulado a lo largo de dos décadas y que debía tomarse en cuenta el número total de trabajadores contratados por la empresa en los últimos 20 años.
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La polémica apelación de Monómeros
La toma de control de Supersociedades cayó como un balde de agua frío para el gobierno interino presidido por Juan Guaidó, responsable de la administración de activos en el extranjero ante el desconocimiento internacional de Nicolás Maduro e instancia desde la cual se designaron las juntas directivas ad hoc de Pdvsa y sus filiales.
Con la decisión del ente colombiano, la junta directiva de Monómeros se sometió al escarnio público y diversos hechos de corrupción salieron a la luz. La presidenta de la junta directiva de aquel entonces, Carmen Elisa Hernández, renunció de inmediato debido a que los otros directivos, sin siquiera notificarle, decidieron apelar la medida de Supersociedades.
Los directivos apostaban por una opción distinta vinculada de igual manera con el gobierno colombiano, que consistía en someterse al al decreto 560 de 2020, una alternativa legal ideada por Iván Duque durante la pandemia por covid-19, que faculta al Gobierno a aplicar «mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación» para empresas que se declaran en situación de insolvencia. Sin embargo, la apelación no procederá y esta alternativa queda fuera de la mesa.
