Superlano: Condena contra La Patilla es una forma de enriquecimiento ilícito para Cabello
El TSJ obligará a La Patilla a pagar un total de Bs 30.000 millones, lo que es equivalente aproximadamente a unos 5 millones de dólares
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Superlano, aseveró que la multa de más de 5 millones de dólares impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra La Patilla representa un método de enriquecimiento ilícito para el oficialista Diosdado Cabello.
“Efectivamente, existe un enriquecimiento ilícito porque el régimen utiliza y controla la administración de justicia en el país, a los jueces, los fiscales y todo el aparataje jurídico del país para lavar dinero”, dijo Superlano.
Según el diputado, la decisión del TSJ promueve una serie de delitos como “tráfico de influencias dentro de la administración de justicia del Estado venezolano; asociación para delinquir porque participan fiscales, jueces y otros actores del Estado; y el agavillamiento legal que pudiera estarse dando con el propósito de deshacerse de este medio de comunicación”.
Esta sentencia busca también lavar el dinero generado por el narcotráfico y otros delitos ilícitos perpetrados por Cabello, afirmó el parlamentario. “La dictadura se aprovecha de la sentencia de un Tribunal y de las pruebas que pueda promover la fiscal y el Ministerio Público para que una empresa le dé el monto y poder justificar un dinero que pueda obtener por intermedio del narcotráfico o un negocio ilícito, eso es lo que ha hecho el señor Diosdado”.
El TSJ emitió una sentencia el 4 de junio que declara a lugar la demanda efectuada por el presidente de la ilegítima asamblea constituyente, Diosdado Cabello, contra la sociedad mercantil Inversiones Watermelon, propietarios del medio digital La Patilla.
El Tribunal obligará a La Patilla a pagar un total de Bs 30.000 millones, lo que es equivalente aproximadamente a unos 5 millones de dólares.
Al respecto, el fundador del periódico, Alberto Ravel, consideró que la decisión del Tribunal no correspondió a un proceso judicial justo, y que contribuye con la autocensura de los medios de comunicación del país.
