SNTP denuncia restricciones en cobertura de demolición de un edificio en La Guaira
Funcionarios de la Guardia Nacional, indicó el SNTP en redes sociales, obligaron a periodistas de tres medios de comunicación a retirarse de las adyacencias de uno de los bloques del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, «aunque se encontraban lejos del perímetro de seguridad»
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la tarde de este jueves las restricciones que sufrieron tres equipos de medios de comunicación al intentar cubrir la demolición de uno de los bloques del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, ubicado en el sector Catia La Mar de La Guaira.
Funcionarios de la Guardia Nacional, indicó el SNTP en redes sociales, obligaron a periodistas de tres medios de comunicación a retirarse del lugar, «aunque se encontraban lejos del perímetro de seguridad».
«Exigimos que se establezcan condiciones claras y seguras para la cobertura, sin restricciones ni actuaciones dirigidas a impedir el trabajo de la prensa. Las medidas de protección durante una demolición pueden justificar una distancia, pero no la expulsión de periodistas ni la prohibición de registrar un hecho de evidente interés público», puntualizó el organismo gremial.
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Tras el doble terremoto que afectó La Guaira y otros estados del país, el sindicato y el Colegio Nacional de Periodistas han denunciado diversas trabas para medios de comunicación nacionales y extranjeros para realizar su labor. Incluso se han registrado amenazas o impedimentos por parte de gobernadores o altos funcionarios del Estado.
Por otra parte, el SNTP también denunció que funcionarios de Polimonagas «fotografiaron y grabaron a siete periodistas que cubrían una protesta en las adyacencias de Corpoelec, en la calle La Planta de Maturín», este jueves.
«Las prácticas de vigilancia o seguimiento contra periodistas constituyen una acción intimidatoria que puede inhibir el ejercicio profesional», destacó el sindicato.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
