Semana: Colombia sigue en riesgo de medidas financieras por parte de EEUU
Si bien Colombia y Estados Unidos lograron zanjar la reciente crisis diplomática, el especialista Andrés Jiménez, socio de la firma Riveros Bazzani Abogados, comenta que el gobierno de Trump aún podría ordenar el bloqueo de activos de empresas de ese país si no se respeta el acuerdo alcanzado. También se podrían dar instrucciones al Departamento de Comercio para limitar o prohibir la entrada de determinados productos de origen colombiano a territorio norteamericano, entre otras medidas
Aunque la crisis entre Estados Unidos y Colombia fue superada, el presidente norteamericano Donald Trump dejó claro a todos los países, como lo mencionó este lunes 27 de enero, que tendrán que aceptar de regreso a los deportados, “y si no lo hacen, pagarán un precio económico muy alto e inmediatamente les aplicaremos aranceles masivos y otras sanciones”.
Las sanciones contra Colombia, anunciadas por Trump, fueron suspendidas, entrada la noche del domingo 26 de enero. En un comunicado, la Casa Blanca advirtió que el Gobierno de Colombia aceptó “todos los términos del presidente Trump”, incluida la aceptación irrestricta de todos los ciudadanos colombianos regresados de EEUU, incluso en aviones militares estadounidenses, “sin limitación ni demora”.
Pese a este acuerdo, los aranceles y sanciones contemplados en la ley IEEPA -(International Emergency Economic Powers Act) o Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, incorporada en el Capítulo 35 del Título 50 del United States Code- se mantendrán en reserva y no se firmarán, “a menos que Colombia no cumpla”.
Por ello, se podría decir que el país quedó con ‘matrícula condicional’. Estas medidas tienen dos componentes económicos que podrían resultar demoledoras para el país vecino. El primero, y que se ha llevado gran parte de la atención, se refiere a aranceles de emergencia del 25% sobre todos los bienes que ingresan a Estados Unidos. Y en una semana, los aranceles del 25% se elevarán al 50%. Y el segundo, se impondrán plenamente las sanciones a la Tesorería, la Banca y las Finanzas de la IEEPA.
Andrés Jiménez, socio de la firma Riveros Bazzani Abogados, y quien fue delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación en Colombia y director de la Policía Judicial Económico Financiera, fue entrevistado por el medio colombiano Semana para dar luces sobre qué representarían estas restricciones para el gobierno de Gustavo Petro.
El especialista explica que las sanciones IEEPA otorgan facultades al presidente de Estados Unidos de expedir órdenes ejecutivas (el equivalente a decretos en Colombia), a través de las cuales se imponen restriciones de diversa naturaleza a países, sectores económicos y/o personas específicas. Esta ley se ha utilizado contra Rusia, Venezuela, Nicaragua, Irán, entre otros.
*Lea también: Gobierno de Trump suspendió extensión del TPS para venezolanos
Asimismo, puede derivar en la inclusión de personas o empresas en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), lo que quiere decir que EEUU le dice a sus empresas, residentes y al mundo, que con las personas que se incluyan en esa lista no es posible hacer negocios so pena de sanciones criminales o económicas de Estados Unidos. Sin embargo, “el catálogo de posibilidades es muy amplio y puede generar daños graves a la economía de un país. Cada programa requiere de su estudio e impacto específico”, explica Jiménez.
“Algunos programas de sanciones de Estados Unidos incluyen personas naturales y funcionarios de gobiernos, otros incluyen empresas estatales y otros, sectores económicos completos. No existe una regla específica, depende de la discrecionalidad del Gobierno de Estados Unidos y puede verse complementada por medidas que afectan la inversión y el comercio. Lo que siempre viene incluido por regla general en este tipo de medidas es lo que se conoce como el bloqueo de activos de las personas incluidas en la lista”, apunta.
El especialista comenta que Estados Unidos podría ordenar el bloqueo de activos de empresas colombianas que específicamente sancione o los activos de funcionarios sancionados del gobierno colombiano que se encuentren en territorio norteamericano, en empresas de ese país o en bancos sometidos a su jurisdicción: Mientras que en materia de comercio, se podrían dar instrucciones al Departamento de Comercio para limitar o prohibir la entrada de determinados productos de origen colombiano.
“En materia de inversión, algunos regímenes imponen la prohibición a empresas de Estados Unidos de efectuar nuevas inversiones en los países que son sujetos de estas sanciones o la obligación para las empresas americanas a sacar su inversión de esas naciones”, explica.
Además, sostiene que en algunos casos, los programas incluyen la posibilidad de solicitar excepciones para poder continuar haciendo negocios. Estas excepciones hay que solicitarlas a la OFAC caso por caso. Por otro lado, agrega que si bien IEEPA le otorga de por sí esas facultades al presidente de Estados Unidos y al Congreso de Estados Unidos también podría sacar una ley específica con nuevas medidas que se complementaría con las que se impongan por vía de órdenes ejecutivas. Esto ya lo alcanzó a plantear el senador republicano Bernie Moreno el domingo 26 de enero.
Para el especialista una sanción de este tipo “es muy grave (..) Desde el punto de vista empresarial, quiere decir que es más riesgoso hacer negocios con Colombia y empresas en Colombia”. También representaría un riesgo para la inversión extranjera que ya existe o la llegada de nuevos recursos foráneos.
“La otra implicación o efecto inmediato lo tendrá el sector financiero colombiano, pues tendrá que evaluar la continuidad de sus vínculos con empresas y personas colombianas incluidas en las sanciones, con las implicaciones que tiene en materia internacional de incumplir las regulaciones de OFAC”, advierte.
Por último, señala que la Orden Ejecutiva que firme el mandatario Donald Trump podría incluir de manera general los sectores, tipos de empresas o personas que pertenezcan a una entidad específica, así como las prohibiciones. También puede que se incluya la categoría de funcionario del Gobierno, como lo han hecho en otros programas de sanciones. “Todo depende de qué tan fuerte sea el programa que quieran aplicar a Colombia”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
