Sectores de la sociedad civil a la Celac: «Se ha producido una violación de los DDHH»
Sectores de la sociedad civil enviaron una carta a la Celac en la que señalan que en el país se ha producido una “violación de los derechos humanos” a tal punto que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas verificó en dos informes que el gobierno venezolano cometió violaciones flagrantes de los DDHH
Profesores universitarios, trabajadores, escritores y políticos emitieron una carta a la presidenta Pro tempore y demás jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en la que expresaron su preocupación por la “grave deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro”.
La misiva señala que en el país se ha producido una “violación de los derechos humanos” a tal punto que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas verificó en dos informes que el gobierno venezolano cometió violaciones flagrantes de los DDHH de manera generalizada y sistemática.
La carta expresa que cientos de víctimas han sido sometidas al terror del Estado “En este preciso momento existen 261 presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal, 115 civiles, 146 militares, 18 mujeres del total”.
“Señores presidentes y jefes de Estado miembros de la Celac, casi todos los diarios impresos de Venezuela fueron cerrados, más de 300 emisoras de radio han sido canceladas, las principales cadenas informativas del mundo han sido bloqueadas, existe la autocensura, los principales partidos políticos de la oposición democrática se les usurpó su membrecía por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, significando una judicialización de los derechos políticos”, dice la carta.
El escrito denuncia que el gobierno de Maduro ha procedido a desairar a la comunidad internacional que, a través de la facilitación del Reino de Noruega, permitió el Acuerdo de Barbados.
“Inhabilitar ilegalmente a la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, hacer prisioneros a activistas de DDHH, dirigentes políticos y de los trabajadores, desconocer lo acordado para fijar en conjunto el cronograma electoral y la fecha de elecciones, son claras evidencias de nuestra afirmación”.
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