Secretos de la Fiscalía, por Teodoro Petkoff
Una de nuestras grandes tragedias como nación ha sido la incapacidad de construir instituciones y la de desarrollar, como conciencia colectiva, el respeto por ellas. Ni siquiera durante la larga etapa democrática hegemonizada por AD y Copei fue posible lograrlo. De hecho, instituciones como la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía conocieron largos periodos de extremo envilecimiento y el sistema de administración de la justicia fue gangrenado por la corrupción. Como resultado, en el país no existe seguridad jurídica. Por otro lado, el control del gasto público se transformó en un saludo a la bandera, con alguno que otro caso que, como excepción, más bien confirmaba la regla. Contra todo esto embistió la promesa chavista. Y un país harto votó por el Gran Vengador.
Sin embargo, aunque se llegó a creer que nada podía ser peor que aquello, la experiencia de cuatro años de régimen chavista ha servido para comprobar que nunca se toca fondo y que siempre hay espacio para caer aún más bajo. La Fiscalía es un ejemplo de ello. A partir de hoy, publicaremos una serie de reportajes de investigación de nuestra compañera Aliana González, sobre lo que ocurre por los predios de ese organismo (página 7).
Desde la designación de Isaías Rodríguez al frente de ella, en el país se ha ido afirmando la idea de que el organismo ejerce su función de un modo tan sesgado hacia los intereses oficiales que la impunidad de los delitos cometidos por afectos al régimen o por personas vinculadas a esferas de interés de este, se ha vuelto casi una constante.
Son ya demasiados los casos en que fiscales que abren averiguaciones que comprometen a altos funcionarios oficiales son bruscamente sustituidos en el manejo de aquellos y estos, en manos más complacientes, entran en sueño. En el reportaje de hoy, se aborda el caso del grupo “exterminio” que ha venido funcionando en la policía de Falcón, dirigida por un oficial de la Guardia Nacional. A semejanza de su homólogo de Portuguesa, este grupo ha cometido una gran cantidad de homicidios contra presuntos o verdaderos delincuentes, saltándose el “detalle” de que en este país no existe la pena de muerte ni autoridad alguna la puede aplicar, según reza la Constitución.
Pues bien, gobernador y comandante de la policía se movieron y los fiscales fueron a parar uno a Barquisimeto y otros a Mantecal, en Apure. El fiscal de Vargas que investigaba el caso del contrabando de armas que involucró a la gobernación de Cojedes fue enviado a Maracaibo y de este expediente ya no se sabe nada.
El fiscal que tuvo en sus manos el asunto de la venta de petróleo a Cuba ha sido sometido a procedimiento disciplinario y los que se ocuparon de los pistoleros de Puente Llaguno tienen sendas investigaciones internas. ¿Casualidad? Habrá mucho más en las próximas entregas y desde ya solicitamos a Isaías una entrevista para conocer su explicación sobre estos y otros asuntos.
