Alertan sobre riesgos para civiles por despliegue militar en el Arco Minero
TalCual pudo confirmar el movimiento de tropas y el sobrevuelo de helicópteros en Las Claritas, en el municipio Sifontes, del estado Bolívar. Hasta el momento, ninguna autoridad militar ha emitido información oficial sobre este operativo
SOS Orinoco reportó una situación de «alta tensión» en el sur del estado Bolívar, específicamente en el eje que comprende desde el kilómetro 33 hasta el 88, en el sector Las Claritas del municipio Sifontes.
De acuerdo con reportes de aliados locales de la ONG, efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) ejecutan un operativo que incluye el despliegue de helicópteros en la zona de Las Brisas y áreas circundantes, presuntamente dirigido contra líderes de estructuras armadas dedicadas a la minería ilegal, entre ellos alias «Juancho».
La ONG aclaró que debido a la opacidad informativa circula una cantidad importante de material audiovisual desactualizado en las redes sociales que no corresponde a los acontecimientos en desarrollo.
SOS Orinoco enfatizó que el enfrentamiento armado no constituye un hecho aislado, sino que representa una consecuencia directa del modelo de gestión instaurado en la región desde 2016, fecha en la que el Ejecutivo decretó la creación del Arco Minero del Orinoco.
El decreto que recuerda SOS Orinoco delimitó un área superior a los 111.000 kilómetros cuadrados para la actividad extractiva sin contar con aprobación legislativa, consultas ciudadanas ni estudios previos de impacto socioambiental.
La organización señaló que el operativo militar se concentra en las zonas de Las Brisas y Las Cristinas, sectores estratégicos por sus grandes reservas minerales y por registrar antecedentes de litigios legales internacionales.
Según SOS Orinoco, la coincidencia del despliegue en estos puntos específicos evidencia la existencia de presiones políticas orientadas a reconfigurar el control territorial de la minería, un ecosistema donde la presencia de sindicatos armados y grupos irregulares ha sido promovida y tolerada históricamente por las autoridades estatales.
La organización advirtió que una intervención basada en el uso de la fuerza militar y sin un enfoque institucional integral representa un peligro inminente para la región. Para la organización los riesgos van desde la posibilidad de desplazamientos forzados de la población local; el incremento de la violencia contra civiles que habitan los campamentos y la agudización de la crisis humanitaria en el sur del país.
SOS Orinoco exigió a los mandos oficiales para que se brinde transparencia informativa sobre el balance de las operaciones en curso. Instó a los organismos a garantizar la protección de las comunidades vulnerables del sector y recordaron que la estabilización de los territorios ubicados al sur del río Orinoco requiere de un ordenamiento geográfico estricto, formalización social y restauración ambiental, medidas que consideran inviables si no se desmontan primero las redes económicas informales y las estructuras de gobernanza irregular que operan en Bolívar.
Despliegue
En redes sociales se reportó un despliegue militar en zonas mineras del municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar, este martes 9 de junio. Usuarios alertaron sobre detonaciones y presuntos disparos contra la población civil en Las Claritas, lo que quedó registrado en videos difundidos en plataformas digitales.
TalCual pudo confirmar el movimiento militar y el sobrevuelo de helicópteros.
Se identificaron dos aeronaves AS 532AC Cougar pertenecientes al Grupo Aéreo de Operaciones Especiales No. 10 de la Aviación Militar. Mientras uno de los helicópteros proporcionaba apoyo aéreo con fuego de cobertura, el segundo realizaba labores de vigilancia. También se informa de la presencia de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la zona, en helicópteros.
De acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales por el periodista Fritz Sánchez, especializado en la cobertura de la actividad extractivista al sur del Orinoco, comandos especiales de la Fuerza Armada Nacional (FAN) estarían desalojando varias zonas mineras de Las Claritas y el Km 88.
Las Claritas es una de las principales zonas mineras del sur de Venezuela y ha sido escenario de conflictos, operativos militares y disputas por el control de la minería ilegal.
Pese a que la gobernadora de estado Bolívar, Yulisbeth García, desmintió el pasado lunes 8 de junio con un comunicado en su cuenta de Instagram «la supuesta presencia de militares venezolanos y estadounidenses en minas del municipio El Callao» y pedía a la población «no hacerse eco de noticias falsas», este 9 de junio no ha informado sobre el operativo que realizan las autoridades en su entidad.
Ninguna otra autoridad ha emitido información oficial sobre el alcance, objetivos o balance de este operativo en las zonas mineras del municipio Sifontes.
A principios de marzo, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, visitó el país para acordar con Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo, el acceso de EEUU al oro venezolano.
Por esas fechas, el Departamento del Tesoro de EEUU a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió la Licencia General N.º 51, que permite operaciones relacionadas con la exportación, venta, transporte, almacenamiento, compra o entrega de oro venezolano para su importación y refinación en EEUU, así como su posterior reventa o exportación desde territorio estadounidense por empresas establecidas en ese país.
La Asamblea Nacional aprobó en abril una reforma de la Ley de Minas de 1999, que permite, de forma explícita, la participación e inversión privada y extranjera en la explotación de oro y otros minerales estratégicos. Fuentes parlamentarias admitieron que esta reforma legal se diseñó en respuesta al interés directo de empresas norteamericanas.
*Lea también: Asamblea Nacional aprueba nueva Ley de Minas
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
