Relatora de la ONU pide al Estado aclarar motivos de confiscación de sede de El Nacional
Irene Khan manifestó su inquietud sobre las posibles implicaciones políticas que hay tras el caso del diario El Nacional
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, manifestó su preocupación por el caso de la confiscación y entrega de la sede de El Nacional al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.
En una carta fechada el 11 de febrero de 2022 y publicada en el portal web de El Nacional, Khan cree que la medida que favoreció a Cabello está más relacionada con la labor periodística del medio, específicamente por los reportajes que evidencian fallas de la administración de Nicolás Maduro.
Advierte que la cantidad a pagar por la indemnización parece «desproporcionada» y que eso ha hecho imposible poder cancelarla, forzando a los dueños del diario a que su sede sea embargada. Khan asegura que «no parece haber cumplido con los estrictos requisitos de necesidad y proporcionalidad». En ese sentido, expresó que es «sumamente preocupante» que se haya entregado la sede de El Nacional al mismo Cabello, que fue quien dio inicio al proceso judicial.
Por ello, aseguró que esa decisión judicial se da en un contexto de cierre del espacio cívico en Venezuela, específicamente en actos contra la libertad de expresión y opinión. En ese sentido, la relatora de la ONU mantiene una inquietud sobre lo que «parece ser una campaña contra varios medios de comunicación independientes».
Irene Khan pidió la cooperación del Estado venezolano para que se pueda entregar información adicional o comentarios sobre el tema de la sede del diario El Nacional y respecto al supuesto atropello contra la libertad de expresión en Venezuela.
También solicitó fundamentos «fácticos y jurídicos» de la sentencia contra el citado medio de comunicación y cómo la decisión judicial cumple con las obligaciones del Ejecutivo bajo el derecho internacional de los DDHH, al igual que además pide ver de qué forma este proceso legal cumple con las normas internacionales con la libertad de expresión.
La entrega de la sede de El Nacional en febrero de 2022 al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, por parte del Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas para compensar «daños morales», generó el rechazo generalizado.
El dictamen de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo fue calificado como un «irregular y clandestino remate judicial» por parte de el demandado, pues los representantes de El Nacional afirman que durante el procedimiento solo estuvo presente el abogado de la parte demandante, Alejandro Castillo Soto.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, consideró que el proceso judicial que concluyó en la entrega de El Nacional al líder chavista es el «robo del siglo» en cuanto a periodismo independiente. Acotó que una arbitrariedad de tal magnitud solo puede proceder en una dictadura.
Cabello, posteriormente, arremetió la noche de este miércoles contra el diario El Nacional y su presidente, Miguel Henrique Otero (MHO) al que acusó de “pillo” por supuestamente «deberle dinero» de la indemnización.
“Me provoca ir por la página (web) (…) Con el valor de El Nacional no me pagaste, creo que ahora voy a ir por la página, creo (…) Me estás provocando a que vaya un paso más adelante”, dijo el dirigente chavista, afirmación que confirmó al final del programa “he tomado la decisión de continuar con el proceso”.
Tras estas declaraciones, Otero dijo que intentará que el caso del rotativo se sume en la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) contra la administración de Nicolás Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, conocido como «Venezuela I».
