Ratificó el «robo» de las prestaciones, por Teodoro Petkoff
Con su acostumbrado estilo hiperbólico Chacumbele ha calificado la Ley del Trabajo como una «ley para la historia». En verdad, se trata más bien de un parto de los montes, por lo menos en lo que se refiere a algunos temas particulares, comenzando por el de las prestaciones.
La piratería y la demagogia durante años estuvieron satanizando el cálculo de prestaciones según la reforma Caldera de 1997, que consistió en eliminar la retroactividad y sustituirla por dos meses anuales, al salario de cada año, más dos días adicionales por año, hasta llegar a treinta, lo que termina por otorgar tres meses anuales por año trabajado. La demagogia y la piratería nunca se tomaron el trabajo de sacar cuentas, sino hasta ahora, cuando para su sorpresa descubrieron que el régimen vigente es más ventajoso para el trabajador.
Ahí se subió la gata en la batea. Meses tardaron viendo cómo resolver el embrollo que creó la Constituyente, es decir Chacumbele porque suya era la promesa, cuando ordenó al Parlamento restituir en el primer año de sus actividades la retroactividad en el cálculo de las prestaciones.
Cumplir el mandato, eliminando el sistema vigente, habría significado una desmejora de las condiciones de trabajo y remuneración (menos plata), que, sin duda, no iba a ser pasada por alto por los trabajadores, de modo que después de mucho exprimirse los sesos optaron por una fórmula salomónica: establecer los dos sistemas, dejando a criterio del trabajador cuál de los dos le conviene más. ¡Así, así, así es que se gobierna! Tanto nadar para ahogarse en la orilla.
Catorce años de una campañita sobre el supuesto «robo de las prestaciones», del cual este editorialista habría sido el responsable, es decir el ladrón, en tanto que coordinador de la Comisión Tripartita que reformó la ley en 1997. Ahora vienen a descubrir que no sólo no hubo tal robo sino que el régimen establecido era claramente ventajoso con respecto al de la retroactividad. Deberían pedir perdón.
Peor aún. Han producido una desmejora en el pago de intereses a las prestaciones.
Hasta ahora esos intereses se calculaban por el promedio de las tasas activas y pasivas de los seis bancos más importantes. En la «mejor ley del mundo» se pagarán los intereses apelando sólo a la tasa pasiva, que como es lógico es menor que la activa, la cual ya no entrará en el cálculo y eso significa menos efectivo para el trabajador.
Ahora bien, esta ley gatopardiana («cambiar para que nada cambie») es francamente inconstitucional. En primer lugar, la Constituyente ordenó a la Asamblea Nacional la elaboración de la reforma sobre el cálculo de las prestaciones restableciendo la retroactividad. Bueno, la restablecieron de esta manera maliciosa. Pero la AN no hizo la ley, sino Chávez, burlando así el mandato constituyente. En segundo lugar, una ley orgánica debe ser aprobada por una mayoría calificada de dos terceras partes de la AN. Esto no ocurrió porque la AN no discutió la ley. Y en tercer lugar, Chávez utiliza una Ley Habilitante que se extinguió cuando finalizó su periodo la AN que la aprobó. Que quede constancia en el acta.
