Ramón Martínez propone que la FAN forme parte de un gobierno de transición
Desde el exilio, el exgobernador de Sucre pidió al sector militar no sacrificar vidas y permitir una salida negociada a la crisis política del país
Ramón Martínez, exgobernador de Sucre, propone que la Fuerza Armada Nacional (FAN) participe en el gobierno de transición que iniciará cuando el gobernante Nicolás Maduro abandone el poder.
Desde el exilio, Martínez, secretario de la organización «Amigos en Movimiento», puntualizó que «el objetivo está claro, es hora de jugar a permanecer y a no desaparecer. El objetivo es persuadir a Maduro y permitir a la Fuerza Armada integrarse a un gobierno de transición plural como ha planteado Juan Guaidó».
También exhortó a la FAN a no sacrificar vidas civiles y militares y permitir una salida negociada a la crisis política de Venezuela. «Es preferible unas elecciones de Presidente de la República y Asamblea Nacional conjunta con todas las fuerzas que integran el espectro político venezolano, que una humillación y burla mundial innecesaria como le ocurrió a Galtieri y a la dictadura militar en Argentina a propósito de la justa reclamación de las Malvinas Argentinas», subrayó.
Asimismo, el también expresidente del partido Podemos llamó a la izquierda democrática a cerrar filas con el Frente Intersectorial Nacional y organizarse para una movilización que permita lograr el rescate democrático del país.
El exgobernador Ramón Martínez subrayó que, 20 años después, la revolución bolivariana no ha logrado su objetivo moral que era superar la corrupción: «La revolución empeoró la corrupción y su resultado ha sido superior al Chinito de Recadi de Lusinchi, citando como ejemplo la denuncia de los exministros Jorge Giordani y Emme Betancourt de la estafa de 25.OOO millones de dólares americanos nada más en Cadivi, así como el enriquecimiento sin escrúpulos de la élite cívico-militar que dan asco frente a Venezuela y el mundo».
Martínez fue inhabilitado por la Contraloría General de la República (CGR)para aspirar a cargos de elección popular en el año 2010, pero el veto solo fue por 8 meses. Un año antes, un juzgado de Control emitió una orden de detención contra el exgobernador tras acusarlo de presuntos hechos de corrupción durante su gestión.
