Hacia una transición no inclusiva, por Marino J. González R.
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Sin tener todavía una comprensión cabal de una de las catástrofes más severas de la historia, Venezuela entra en una nueva etapa política. El proceso de negociación tutelado por Estados Unidos ha comenzado.
El hecho de que todavía no se aprecie en detalle las implicaciones de los daños ocasionados por los terremotos será un aspecto que influirá en la marcha de la negociación. Al menos así se ha propuesto en la agenda inicial.
Visto en perspectiva, el país tuvo una ventana de oportunidad para preparar una ruta de transición inclusiva a la tercera democracia. Ese período abarcó los primeros seis meses del año.
No se explicitó por parte del gobierno tutela, pero sí se dejó en el ambiente. Ese era probablemente el período que tenía en mente el secretario de Estado Rubio cuando compareció el 28 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU.
Seis meses fue el tiempo previsto para que los representantes de EEUU en Venezuela retomaran de manera presencial los contactos con el mundo político. Debían conversar con todos los sectores para explorar las premisas sobre las cuales estaban contemplando la transición a la democracia. Y eso fue lo que hicieron.
Ese mismo período de seis meses fue el que tuvieron los sectores de oposición para establecer un acuerdo de gobernabilidad que facilitara la transición inclusiva a la democracia.
Ese acuerdo debía ser inicialmente de la oposición, pero debía dar paso a un acuerdo con el gobierno interino. La ventaja de esta vía era que establecía una primacía de los actores nacionales, no del gobierno tutela.
En los seis meses transcurridos, el gobierno tutela comprobó en el terreno que no había posibilidades de acuerdo entre las distintas visiones de la oposición.
Por otra parte, las diferentes expresiones de la oposición dejaron en evidencia que las diferencias eran mayores que las coincidencias. No hubo acuerdo político. El liderazgo nacional no pudo con la tarea.
En ese contexto, el gobierno tutela examinó las opciones. La más conveniente resultó identificar una vía que abriera una negociación para avanzar en la ruta de democratización.
Es una ruta imperfecta, han debido pensar en el gobierno tutela, pero más conveniente que no tener ninguna. Y ese es el fundamento de la negociación. Ver hasta dónde se puede llegar.
Hasta acá, la primera gran conclusión es que los contenidos de una democracia plena no son compartidos por ninguno de los actores. Las características de la democracia que debe tener el país no forman parte de la agenda de discusiones.
El trabajo se concentrará en los medios, no en los fines. Es muy probable que esta notable ausencia condicione tanto el curso de la negociación como sus efectos. Solo hay que recordar la discusión sobre la forma de la mesa en las negociaciones de paz de Vietnam.
La acción del gobierno tutela ha sido manifiesta. Sin su intervención no hubiera habido ninguna posibilidad de encuentro. Este hecho es muy significativo.
Es expresión del trecho que se debe superar para que la democracia sea un acuerdo colectivo, no parcial. Y es también una gran interrogante sobre la calidad de los liderazgos políticos del país.
También se puede anticipar que la negociación concluirá en acuerdos instrumentales que podrían generar, a su vez, nuevas oportunidades para explorar una plataforma común.
Si prevalece la falta de coincidencia que se ha notado en estos seis meses, es bastante claro que las elecciones que se realicen serán una forma de dirimir preferencias políticas, no una etapa que cristalice en el inicio de una nueva democracia.
La transición real a una democracia plena seguirá siendo una larga travesía.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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