Ramírez acusó a Maduro de tener una política de persecución contra el chavismo
Rafael Ramírez incluso usó su caso como ejemplo, para decir que en su contra «se ha desatado una persecución política que raya en una obsesión, con base en absurdas acusaciones»
El exministro de Petróleo cuando la era Chávez, Rafael Ramírez, acusó a Nicolás Maduro de emprender una persecución no solo contra sus adversarios políticos sino contra todo aquel legado de su antecesor, aún cuando se dice firme seguidor de él y su movimiento.
A través de su página web Rodríguez señaló a Maduro de aplicar el «Lawfare» contra todos aquellos seguidores del chavismo, que se atrevan si quiera a refutar sus ideas.
Aseguró que se trata de un nuevo código de represión en el que se acusa al adversario de «corrupto. Esta acusación, tan genérica como sea posible, es lanzada en contra del objetivo y político y de ahí en adelante actúan las redes sociales, coordinadas y manejadas por los mismos factores de poder que convierten la acusación en una sentencia, un linchamiento moral que prepara las condiciones subjetivas para cualquier acción violenta o judicial en contra del objetivo».
Explicó que este método es usado cuando las acusaciones de «comunista o subversivo» ya no generan ningún impacto en la sociedad.
Dijo que, una vez que se activa la «inquisición 2.0″, entonces actúa el fiscal, el juez y viene la acusación e inmediatamente la persecución y captura del oponente político. Por supuesto que jamás habrá pruebas, ni el debido proceso, ni el derecho a la defensa. El “Lawfare” articula todas las acciones y viola los procedimientos para garantizar el cumplimiento del objetivo político: neutralizar al oponente.
Rafael Ramírez incluso usó su caso como ejemplo, para decir que en su contra «se ha desatado una persecución política que raya en una obsesión, con base en absurdas acusaciones esgrimidas por su fiscal, violando mis derechos, la presunción de la inocencia, el debido proceso, y el derecho a la defensa».
Reiteró que la persecución contra los chavista ha sido tal que han «ido contra el ex ministro mayor general Rodríguez Torres, sepultado en las cárceles maduristas, al igual que el ex ministro Raúl Isaías Baduel, preso aunque ya cumplió su condena. Lo mismo sucede con más de 100 trabajadores y gerentes de PDVSA sepultados, secuestrados políticos, sin ningún tipo de derecho a la defensa y el debido proceso, todos acusados genéricamente de “corrupción”.
La oposición también ha sufrido los rigores de esta práctica de “Lawfare”, ya que el madurismo ha encarcelado a sus líderes, inhabilitado candidatos, y perseguido y mantenido en prisión a cientos de sus militantes o sospechosos de serlo.
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