¿A quiénes acusan expertos de la OEA por crímenes de lesa humanidad en Venezuela?
A través de un comunicado la delegación venezolana ante la OEA calificó como una “grotesca farsa mediática” el informe, y expresó “su profundo y categórico rechazo” al documento que consideró es “resultado de un procedimiento ilegal, violatorio de toda norma y principio” del derecho internacional
Desde 2014 existen suficientes evidencias sobre la reiterada actuación de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro y los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país.
Así lo dictaminó una panel de expertos en Derechos Humanos, designados por la Organización de Estados Americanos para investigar las denuncias que han hecho dirigentes políticos, ONG, exfuncionarios y ciudadanos venezolanos de forma individual.
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En el informe, que contiene 400 páginas donde se incluyen los testimonios de 26 personas que han sufrido la violación de sus DDHH por parte del Estado venezolano, se dictamina que existe suficiente información para denunciar al país ante la Corte Penal Internacional.
A través de un comunicado la delegación venezolana ante la OEA calificó como una “grotesca farsa mediática” el informe, y expresó “su profundo y categórico rechazo” al documento que consideró es “resultado de un procedimiento ilegal, violatorio de toda norma y principio” del derecho internacional y de las reglas del organismo.
Además, se identifican a 11 funcionarios como los «autores intelectuales» de estos crímenes de lesa humanidad:
Los expertos de la OEA consideran al mandatario Nicolás Maduro, que recientemente consiguió la reelección en medio de unos cuestionados comicios, como el máximo responsable de estos crímenes.
A juicio de los juristas, Maduro “ha optado por el autoritarismo como medio para mantenerse en el poder” y refieren que su gobierno ha usado tácticas cada vez “mejor organizadas y más agresivas para ejercer su control sobre el país” y que, bajo su Gobierno, que comenzó en abril de 2013, la tortura se ha convertido en un “instrumento de persecución y represión”.
El vicepresidente Tareck El Aissami es señalado de dar las órdenes directas en representación del Poder Ejecutivo tanto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (órgano adscrito a la Vicepresidencia) como a la Dirección General de Contrainteligencia Militar “ en lo que se refiere al empleo de la tortura”.
Además, El Aissami dirige el “Comando Antigolpe”, que tiene como objetivo prevenir acciones de “sectores golpistas y terroristas”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, es señalado de participar en febrero en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en donde afirmó que en Venezuela “no hay crisis”.
Arreaza es yerno del difunto expresidente Hugo Chávez. Ha ocupado diferentes posiciones, incluida la Vicepresidencia entre 2013 y 2016.
Elías Jaua, ministro de Educación y vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de Misiones, solo aparece mencionado en el informe en relación con un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la crisis humanitaria en Venezuela y la respuesta del Gobierno ante la escasez de medicamentos.
Como otros de los nombres que aparecen en el informe, el ministro de Comunicación Rodríguez ocupó el cargo de vicepresidente, en su caso entre enero de 2007 y enero de 2008, bajo el Gobierno de Hugo Chávez.
Delcy Rodríguez, actual presidenta de la impuesta Asamblea Constituyente fue ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 2014 y 2017.
Como canciller, según recoge el informe, Rodríguez intervino en junio de 2016 ante una sesión especial del consejo permanente de la OEA y aseguró que en Venezuela “no hay una crisis humanitaria”.
Según los expertos, Maduro lleva tres años negando esa crisis y la ha usado para ejercer “control social” sobre la población.
El ministro de Defensa Vladimir Padrino López ejerce el cargo desde 2014 y el informe lo cita para recordar la resolución que firmó en 2015 para permitir el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” como último recurso en las manifestaciones.
Esa resolución fue condenada por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe también nombra a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, quien se desempeñó como Comandante General de la Guardia Nacional en 2014.
Por su parte Gustavo González López, actual director del Sebin, ejerció como ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016 y luego pasó a dirigir ese organismo de inteligencia donde se han llevado a cabo torturas, según afirma el informe.
El excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, dirigió a ese componente militar durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio de 2017, en las que fallecieron al menos 120 personas.
Por último, el actual director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Pérez Ampueda, forma parte de los cuerpos del Estado dedicados a aterrorizar a la oposición, según afirman los expertos de la OEA.
Con información de El Pitazo
