¿Quién paga?, por Teodoro Petkoff
Hoy es 27 de febrero. 27F. Catorce años han transcurrido desde aquellos terribles acontecimientos que la crónica histórica bautizó como el Caracazo. Fue la primera elocuente señal enviada por la sociedad venezolana para poner al desnudo el hondo malestar que se incubaba en su base y que corroía a un sistema político repantigado en la autocomplacencia, la indiferencia y el autismo.
Catorce años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado al Estado venezolano a indemnizar la muerte de 45 personas, pagando a sus familiares la suma de 5.5 millones de dólares, así como a investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.
Es el resultado de la perseverancia y la tenacidad de Cofavic, de Liliana Ortega y de las familias de las víctimas, que llevaron el caso a instancias internacionales porque era evidente que las instituciones nacionales no iban a hacer nada, como en efecto no lo han hecho. La sentencia de la CIDH se produjo el 29 de agosto de 2002 y seis meses después todavía no ha sido ejecutada.
El plazo para ello vence el próximo mes de septiembre.
Lo escandaloso de esto es que un gobierno cuyo jefe reivindica continuamente el 27F como fecha decisiva en la conformación del movimiento conspirativo que lo llevó al 4F y luego al poder, ni siquiera previó en el presupuesto para este año (aprobado en octubre pasado, conocida ya la sentencia), la partida que debe ser destinada a cumplir con lo ordenado por el tribunal interamericano. En 1999 Chávez había dicho, refiriéndose al asunto: “corresponde a nosotros asumir esa responsabilidad”.
Le quedan seis meses para hacerlo. Lo que iban a gastar en el viaje a Malasia es menos de lo que la CIDH ordenó pagar como indemnización a las familias de las víctimas.
