Procurador especial puso su cargo a disposición de Guaidó por desacuerdos en la oposición
José Ignacio Hernández explica que su decisión guarda relación con la polémica que despertó la aprobación del fondo especial de litigios en la Asamblea Nacional para pagar honorarios profesionales en los casos judiciales en el extranjero
El procurador especial de la República designado por el gobierno interino, José Ignacio Hernández, puso su cargo a disposición en una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional y mandatario encargado, Juan Guaidó.
De acuerdo con el escrito, la decisión habría estado impulsada por la polémica aprobación del fondo especial de litigios, destinado a pagar los honorarios profesionales necesarios para atender los casos de reclamaciones de inversores sobre activos venezolanos en el exterior.
A pesar de que el acuerdo fue aprobado, Guaidó encontró resistencia por parte de fracciones de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática; mientras que el parlamentario aliado del chavismo que se asume como presidente del Parlamento, Luis Parra, declaró que la oposición debe rendir cuentas por el dinero aprobado a través del fondo de litigios, cuyo límite máximo aumentó de $2 millones a $20 millones.
En este sentido, Hernández explica en su carta que decidió no ejecutar ningún pago basado en el acuerdo recién aprobado hasta tanto no exista consenso político y poner a disposición de Guaidó su cargo en caso de que solucione las «desaveniencias» que se han creado a raíz de la decisión que tomó la Asamblea Nacional.
«Hasta tanto no se genere una decisión política con el consenso deseado, no tramite el pago de honorarios profesionales con base en el Acuerdo del 28 de enero, todo lo cual eleva considerablemente el riesgo de los activos en el extranjero. Asímismo y para facilitar los consensos necesarios para avanzar en esta acción, pongo a su disposición el cargo de Procurador Especial de la República», remarcó.
Aclaró, sin embargo, que poner su cargo a la orden no implica una renuncia, pues será Guaidó quien deba tomar la decisión final.
La aprobación de la @AsambleaVE al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República.
— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) January 30, 2020
Advirtió que el acuerdo político es necesario porque la ausencia del mismo podría comprometer su responsabilidad jurídica y la de los miembros que conforman las juntas ad-hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Banco Central de Venezuela (BCV).
«Las dudas arrojadas por estos partidos políticos pudiesen ser empleadas para investigaciones relacionadas con el patrimonio público, lo que puede eventualmente comprometer mi responsabilidad penal y la de los miembros de las juntas ad-hoc de PDVSA y del BCV que ordenan ese pago», expuso.
Además explicó las limitaciones que padece en su cargo ante la falta de condiciones de gobernanza para tomar decisiones y ejecutar gastos, sometidos a los respectivos controles y bajo el principio de rendición de cuentas.
Hernández argumenta que la falta de gobernanza se debe principalmente a que no se ha logrado un consenso político para crear un marco en el que pueda desempeñar sus funciones al mando de la Procuraduría, lo que ha generado un panorama adverso en diversas disputas judiciales que se mantienen en suelo extranjero.
«Este retraso obstaculizó la defensa de los intereses del Estado, creó riesgos innecesarios en la protección de activos del Estado y creó innecesarias ventajas a los abogados de los acreedores y del régimen de Nicolás Maduro, quienes no se enfrentaron a las limitaciones que he tenido que afrontar», reclamó.
También lamentó que, pese a sus reiteradas explicaciones sobre la necesidad de la asignación de dinero mediante el fondo de litigios, su aprobación haya arrojado «inmerecidas sombras de sospecha» sobre su gestión.
