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Poder Judicial pretende usar a la AN chavista para cambiar leyes



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AN - trabajadores Istúriz Países Bajos - cne
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Roison Figuera | febrero 24, 2021

A pesar de presentarse en el Palacio Federal Legislativo, los funcionarios no comparecieron ante la plenaria de la AN, quienes aún esperan que los representantes del Poder Judicial expliquen su actuación para atender los supuestos delitos que habría cometido directiva anterior del Parlamento


El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el fiscal designado por la impuesta e ilegítima asamblea constituyente, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, acudieron este miércoles al Palacio Federal Legislativo para presentar diversos proyectos de reformas de leyes ante la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro, electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre.

En este sentido, el magistrado presentó los proyectos de reformas del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Código Penal, Código Procesal Civil y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), que preside el diputado Pedro Carreño.

Durante la actividad, realizada en la sede del parlamento venezolano, el representante del TSJ indicó que los proyectos consignados “buscan adaptar los procedimientos y normas legales y jurídicas a las nuevas realidades del pueblo venezolano”.

Asimismo, Moreno señaló que con los proyectos de ley se trata de contribuir en la constante optimización del servicio judicial, con el objeto de continuar garantizando el acceso a la justicia, la celeridad procesal y el debido proceso a la ciudadanía, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A pesar de presentarse en el Palacio Federal Legislativo, los funcionarios no comparecieron ante la plenaria de la AN, quienes aún esperan que los representantes del Poder Judicial expliquen su actuación para atender los supuestos delitos que habrían cometido las directivas que pasaron por el Parlamento entre 2016 y 2020.

*Lea también: Padrino desde la AN de Maduro: «Venezuela no perderá un milímetro más de su territorio»

Anteriormente, el diputado de la AN y presidente de la comisión especial para investigar los supuestos delitos y actos de corrupción que, según el chavismo, fueron perpetrados por las directivas anteriores, José Brito, informó que este 24 de febrero la instancia parlamentaria sesionó para avanzar en el tema.

A través de su cuenta en la red social Twitter, apuntó que en los próximos días la comisión presentará al país el informe preliminar de la comisión.

El 19 de enero, Brito, anunció que funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Fiscalía asistirían a un ciclo de comparecencias para exponer las acciones que han tomado para atender los supuestos delitos que habrían cometido los parlamentarios opositores.

“Tenemos que conocer el estatus de las investigaciones. Queremos la mayor transparencia posible, aquí no va a haber absolutamente nada tras bastidores, escondido. Pediremos la mayor colaboración de todas esas comparecencias e interpelaciones”, dijo.

Ese mismo día la vicepresidenta del Legislativo, Iris Varela, informó que desde la AN se instó al Poder Judicial y al Ministerio Público a emitir órdenes de captura contra diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 y que instaló un período adicional por continuidad administrativa.

“Tiene que ser un exhorto del Parlamento al Poder Judicial y al Ministerio Público para que nos respondan por qué motivo no han procedido a la aprehensión en flagrancia de estos delincuentes. Y no solamente que nos responda, que lo hagan. Yo creo que darles 48 horas es un plazo prudencial”, dijo Varela en ese momento.

De prórroga en prórroga

La comisión especial para investigar los supuestos delitos y actos de corrupción que, según el chavismo, fueron perpetrados por la directiva opositora de la anterior legislatura, José Brito, se instaló en enero con la premisa de entregar un informe a final de mes sobre la investigación. Sin embargo, la promesa quedó en el aire.

El 3 de febrero José Brito, informó que pedirían a la directiva una prórroga de 30 días. Según el parlamentario, la solicitud del tiempo extra se hizo porque «es bien aguda» la investigación que deben realizar en el caso de Citgo y Monómeros.

En entrevista a Unión Radio Brito anunció que el 9 de febrero presentarían ante la plenaria una primera parte del informe preliminar en la que se expondrían los datos que hasta ese momento habían recabado. No obstante, fue otra promesa que quedó a la deriva.

La sesión del 9 de febrero se centró en la juramentación del Comité de Postulaciones Electorales que se encargará de impulsar la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el debate sobre la develación de supuestas acciones terroristas «frustradas» contra la AN electa el 6 de diciembre del 2020.

El 11 de febrero de nuevo el tema del informe quedó en el olvido en el Parlamento de mayoría chavista. Este día los puntos a debatir eran la juramentación de otros integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, un proyecto de acuerdo para conmemorar el día de la juventud, el efecto de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro que fueron señaladas en el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de esa nación y la designación de los representantes del Legislativo venezolano ante las instancias parlamentarias internacionales.

Durante todo el mes la comisión ha dado largas a la presentación del informe. En la última sesión ordinaria (23 de febrero) solo se dispuso a discutir las propuestas para le defensa del territorio Esequibo, las medidas de fuerzas adoptadas por el gobierno peruano contra migrantes venezolanos y un proyecto de acuerdo en repudio a las sanciones que la Unión Europea impuso contra funcionarios venezolanos.

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