Tarek William Saab sale de la Fiscalía empañado por denuncias de tortura y persecución
La salida de Saab del Ministerio Público se anuncia 56 días después de la captura y extracción de Nicolás Maduro. Durante su gestión, Venezuela se convirtió en el primer país de la región bajo investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Llegó al Ministerio Público (MP) por la puerta de atrás, la de una asamblea nacional constituyente de dudosa legitimidad en 2017, en lugar de la Asamblea Nacional, tal y como lo exige la Constitución
Tarek William Saab renunció a Fiscalía General de la República, tras nueve años frente al organismo, que ha sido señalado de ajustarse a la medida a los intereses de Miraflores y omitir abusos y hasta violaciones de derechos humanos como tortura y persecución.
La información fue confirmada en horas de la tarde del 25 de febrero, 56 días después de la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de los Estados Unidos, una operación que derivó en una movida de mata dentro del Ejecutivo, a cargo de Delcy Rodríguez, quien según el gobierno norteamericano se mostró dispuesta a obedecer a sus peticiones.
La información se dio a conocer en la sesión ordinaria del 25 de febrero. El presidente del Parlamento indicó que Saab informó su dimisión mediante una misiva enviada al Legislativo. También renunció Alfredo Ruiz al cargo de Defensor del Pueblo.
Saab llegó al Ministerio Público (MP) por la puerta de atrás, la de una asamblea nacional constituyente de dudosa legitimidad en 2017, en lugar de la Asamblea Nacional, tal y como lo exige la Constitución.
Saab no es un extraño en el ecosistema del chavismo. Fungió como Defensor del Pueblo entre 2014 y 2017. En este cargo fue cuestionado su manejo del caso «La Tumba», en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En 2015, familiares y abogados denunciaban aislamiento extremo, sin luz natural y temperaturas gélidas. Ante esto, Saab declaró que los detenidos le habían firmado actas asegurando que «el trato era bueno».
En ese momento, organizaciones como Provea señalaron que Saab actuaba más como un relacionista público del Sebin que como un garante de derechos, validando testimonios obtenidos bajo coacción.
En el momento más álgido de las protestas de 2017, Saab recibió el cuestionamiento más público de su carrera y el de su círculo íntimo: su hijo Yibram Saab publicó un video tras el asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete.
«Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer», expresó el joven.
Antes de saltar al Ministerio Público, Saab solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le otorgara a la Defensoría facultades que la Constitución reserva exclusivamente a los fiscales como, por ejemplo participar en investigaciones penales y realizar análisis forenses. La petición de Saab fue calificada por la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz y diversas ONG como un golpe institucional. Fue el paso previo para su designación en la Fiscalía.
Bajo su gestión, se normalizó que civiles fueran juzgados en tribunales militares. A pesar de las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Saab defendió la legalidad de estos procesos.
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Los expedientes quedan
Saab se va, pero los expedientes en La Haya se quedan. Durante su gestión, Venezuela se convirtió en el primer país de la región bajo investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Organizaciones de la talla de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU han documentado lo que Saab siempre negó: que en las sedes del Sebin y la de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la tortura no es una «excepción», sino una política de Estado.
En maratónicas alocuciones, Saab siempre aseveró que en Venezuela no había presos políticos, sino presos por delitos comunes, muchos de ellos, conspiraciones.
Las recientes liberaciones masivas, la aprobación de una Ley de Amnistía y el reconocimiento implícito del Ejecutivo sobre la existencia de detenciones arbitrarias tras la captura de Nicolás Maduro, desmienten sus versiones. Si no había presos políticos, ¿a quiénes se amnistía hoy? Si no había abusos, ¿por qué ahora funcionarios del gobierno admiten excesos o irregularidades en la aplicación de la Ley contra el odio?
Saab, quien dice ser poeta, se retira va del Ministerio Público, habiéndolo convertido en un brazo de persecución política, según ONG y dirigencias de la oposición, más que como un ente de justicia. Sale del cargo sancionado por EEUU, Canadá, la Unión Europea y Suiza, no por sus poemas, sino por su rol activo en el socavamiento de la democracia.
El ahora exfiscal también fue gobernador. Ostentó el máximo cargo regional en Anzoátegui (2004-2012). Hubo señalamientos de opacidad, uso de recursos públicos para el culto a su personalidad y denuncias de corrupción.
Casos que marcaron su paso por el MP y que hoy forman parte del expediente en La Haya:
El «suicidio» de Fernando Albán (2018): Pocas horas después de la muerte del concejal bajo custodia del Sebin, Saab dijo que se trató de un suicidio. Tres años después, y ante la presión de la Corte Penal Internacional (CPI), su despacho tuvo que admitir que fue un homicidio, lo que evidenció que juzgó primero y dejó la investigación para después.
El asesinato del Capitán Acosta Arévalo (2019): Rafael Acosta Arévalo llegó a un tribunal militar en silla de ruedas, incapaz de hablar y con signos evidentes de tortura. Murió poco después. La Fiscalía de Saab intentó calificar el hecho como «homicidio preterintencional». El escándalo global obligó a cambiar la calificación a tortura, aunque los responsables están impunes.
El caso Juan Requesens y la «prueba» del video: Bajo el mando de Saab, el Ministerio Público utilizó videos obtenidos bajo coacción y grabados en centros de reclusión ilegales como pruebas «irrefutables».
La Masacre de Guanare (Cárcel de Cepella, 2020): Más de 40 reclusos asesinados en un presunto intento de fuga. Mientras las ONG denunciaban una ejecución extrajudicial masiva por falta de alimentos y condiciones infrahumanas, la Fiscalía mantuvo un silencio.
La persecución postelectoral de 2024: Tras los eventos políticos recientes y la captura de Nicolás Maduro, el mundo puso la lupa en las detenciones masivas. Saab acusó de «terroristas» a ciudadanos que exigían el conteo de actas o que manifestaban su desacuerdo con los resultados electorales de julio del 2024. Hoy, con la Ley de Amnistía en la mesa, sus acusaciones de «traición a la patria» se deshacen como sal en el agua, dejando al descubierto que sus imputaciones eran órdenes políticas, no hallazgos criminalísticos.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha sido lapidaria. En sus informes, especialmente los de 2021 y 2024, no solo señala que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, sino que identifica al Ministerio Público bajo el mando de Saab como un actor que «perpetúa la impunidad».
La ONU ha afirmado que la Fiscalía ha omitido investigar la cadena de mando en casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, enfocándose solo en autores materiales de bajo rango para simular justicia ante la Corte Penal Internacional (CPI).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
