PCV advierte que Venezuela se ha convertido en un «paraíso para la sobreexplotación»
El PCV alertó que actualmente en el país no existe el «trabajo decente» porque, a su juicio, está derogada de facto la Ley del Trabajo
Pedro Eusse, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), opinó que las organizaciones públicas y privadas del país cuentan con «un paraíso para la sobreexplotación de los trabajadores», ya que la administración de Nicolas Maduro no cumple con los mínimos criterios formales de los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con los derechos laborales.
El PCV alertó que actualmente en el país no existe el «trabajo decente» porque, a su juicio, está derogada de facto la Ley del Trabajo y recuerda que el salario mínimo ha sido pulverizado, ya que casi la totalidad del ingreso que perciben los trabajadores son bonos que no tienen incidencia en las reivindicaciones laborales.
En ese sentido, Eusse subrayó que esta política forma parte de un «plan general de desregulación laboral» que facilita despidos y fomenta la tercerización.
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«Además, en Venezuela está también derogado el derecho a huelga. Por normas que se establecieron en la Ley del Trabajo y por la propia conducta del Ministerio del Trabajo, que impide que se puedan iniciar procesos de conflicto colectivo legítimos y legales», explicó.
Recalcó que hay restricciones sindicales que impiden a estas organizaciones poder operar en defensa de los trabajadores.
De igual forma, el integrante del PCV indicó que, a partir de 2018, comenzó un «proceso de desmontaje de las conquistas salariales, económicas y sociales, alcanzadas a través de las convenciones colectivas de trabajo».
También hizo un llamado el lunes 7 de octubre a los trabajadores para que sigan presionando por la derogación del instructivo Onapre y el memorando 2792, que a su juicio causaron la merma de los ingresos de los trabajadores.
«Hay que sacar cuenta de cuánto le dejaron de pagar a los trabajadores, porque eso fue inconstitucional, fue ilegal; fue un acto de fuerza impuesto por el Gobierno y la patronal privada y pública; un asalto a los trabajadores», concluyó.
Con información de Nota de prensa
