¿Qué pasa en Cojedes?, por Teodoro Petkoff
El alcance exacto del decreto de intervención de tierras dictado por el gobierno del estado Cojedes no está claro, pero no se trata ni de expropiación (que supone indemnización) ni, mucho menos, de confiscación de tierras (que no la contempla). Hasta donde se puede entender, la idea sería que una comisión de la gobernación, en el plazo de 60 días, verifique, con los propietarios de 25 grandes haciendas — que por su extensión, en principio, podrían caer bajo la definición de latifundios— todo lo atinente a la titularidad de la propiedad, así como lo relativo a sus límites y establezca el grado de utilización de las tierras. ¿Qué pasará después de cumplida esta etapa? El gobernador habló de “ordenamiento del territorio” y también de “expropiación con fines de utilidad pública”, pero se refería al momento que habrá de seguir a los trabajos de la comisión interventora, la cual, según el decreto, deberá garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de los afectados. No precisó quién dictaría medidas de expropiación, si ese fuere el caso, pero podría suponerse que tal atribución la asumiría el Instituto de Tierras (INTI), de acuerdo con la Ley de Tierras, y no la gobernación. Hasta donde alcanza la vista, pues, no estamos ante el Apocalipsis.
Estas consideraciones jurídicas, aunque importantes, no deben desviar la atención del problema de fondo: la necesidad de liquidar definitivamente el latifundismo en Venezuela. Recordemos que desde 1961 ese ha sido un propósito del Estado venezolano, plasmado entonces en la Ley de Reforma Agraria, cuya aplicación durante los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera (Uno), si bien no erradicó completamente el latifundismo, sin duda que le partió la columna vertebral. Pero todavía subsisten, en algunos estados del país, extensos latifundios, muchas de cuyas tierras están ociosas, aunque es bueno decir que las relaciones entre hacendados y campesinos ya no poseen las características semifeudales de hace medio siglo. El problema no tiene las dimensiones que la mitología chavista le atribuye, sobre todo para consumo exterior, donde se hace creer que aquí tenemos una cuestión agraria semejante a la de 1958 o a la de México en 1910 o a la de Brasil hoy todavía. La verdad es que entre la Reforma Agraria (con todo lo incompleta que fue, a lo largo de 15 años entregó unos 3 millones de hectáreas, acceso al crédito y hasta viviendas a unas 200 mil familias campesinas) y el desarrollo capitalista del campo, más el violento proceso de urbanización del país (86% de población urbana), el problema agrario ya no es el de los tiempos en los cuales Betancourt abogaba por la reforma para prevenir lo que llamaba el “zamorazo”. Pero, esto no obsta para que todavía subsistan unas 500 propiedades (Censo 2001) que pueden ser calificadas como latifundios. Y si bien la presión campesina no posee las características de mediados del siglo pasado, la eliminación del latifundismo y la dotación de tierras a campesinos y/o a pequeños agricultores que no la poseen, servirían para completar la modernización de la estructura agraria. Desde luego, es probable que algunas grandes haciendas sean hoy modernas explotaciones empresariales y no anacrónicos latifundios, con siervos de la gleba, y eso tendría que ser considerado a fin de no destruir fincas productivas. Pero, en general, el objetivo antilatifundista posee todavía una connotación de justicia social que no puede ser desdeñada.
Hasta ahora, la verdad es que en estos seis años el gobierno chavista ha hecho, en materia agraria, mucho menos de lo que hicieron Betancourt, Leoni y Caldera en sus respectivos mandatos.
