Parlamento venezolano anula decreto de Maduro que degrada a 116 militares
El parlamentario Luis Barragán indicó que los venezolanos asisten a una «paradoja trágica. La militarización de la sociedad y una Fuerza Armada convertida en milicia partidista»
La Asamblea Nacional y su líder Juan Guaidó, que se juramentó como mandatario encargado del país el 23 de enero, mantienen su política de otorgar garantías a militares que se apeguen a la Constitución.
En la sesión ordinaria del martes 19 de marzo, se aprobó por unanimidad un acuerdo donde se declaró nulo el decreto 3.876, firmado por el gobernante Nicolás Maduro, donde se degradó y expulsó a militares que se declararon favor de Guaidó o solicitaron su baja de la Fuerza Armada Nacional.
Según el acuerdo, estos militares quedan reincorporados en la FAN en sus respectivos rangos y cargos, y además se garantiza que cada funcionario será reincorporado tanto en grado como en condecoraciones, si es degradado al oponerse públicamente al régimen de Maduro.
El Parlamento también expresó a la Fuerza Armada “que cuenta con el respaldo y apoyo” tanto de la AN como de su presidente para que se incorporen activamente en la restitución del hilo constitucional.
Antes de aprobarse el acuerdo, Juan Guaidó expresó que «no es entre líneas que ha hablado este parlamento», en referencia a la Ley de Amnistía propuesta para funcionarios civiles y militares, con el objetivo de sumar esfuerzos para lograr el cese de la usurpación de la Presidencia.
#19Mar Juan Guaidó @jguaido ofrece mensaje a los militares desde la Asamblea Nacional: No es entre líneas que ha hablado este Parlamento (…) El momento es ahora, este es un punto de inflexión para los venezolanos pic.twitter.com/MlfWzNsd36
— TalCual (@DiarioTalCual) 19 de marzo de 2019
El diputado Eliézer Sirit, presidente de la comisión permanente de Defensa, aseveró que este acuerdo es el inicio a la reforma del preámbulo del decreto que permite el funcionamiento de la FAN en el país para prohibir expresamente el proselitismo político que ha permitido este gobierno.
Sirit mencionó que como diputados les ofrecen garantías de apegarse a la Constitución, y dijo que en los próximos días «está en sus manos el lograr y permitir el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres».
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El diputado Henry Ramos Allup afirmó que no es una «ociosidad» que se traten estos temas en el Parlamento, pues la Fuerza Armada ha sido des-institucionalizada desde el gobierno del fallecido Hugo Chávez.
Luego del 11 de abril de 2002 crearon componentes que ni siquiera están en la Constitución, aseveró el parlamnetario, «donde tampoco está el apellido de Bolivariana, para luego agregarle lo de chavista e imperialista».
Además, Ramos Allup sentenció que muchos militares han sido los «agentes principales, cómplices y cooperadores» de la crisis. «Son corresponsables de la tragedia que vive el país (…) Tenemos que seguir poniendo el acento en el tema militar, porque allí es donde se sostiene este régimen usurpador».
Por su parte, el parlamentario Luis Barragán indicó que los venezolanos asisten a una «paradoja trágica. La militarización de la sociedad y una Fuerza Armada convertida en milicia partidista».
Barragán opinó que Venezuela es un país ocupado por intereses extranjeros y grupos armados paramilitares o vinculados al narcotráfico, «donde la FAN ha sido obligada a dispararle a la población y reprimir, y ver como presos comunes se colocan su uniforme para delinquir».
Reiteró además la solicitud, a nombre de la fracción 16 de julio, de que la AN asuma «su responsabilidad» y apruebe el artículo 187 en su numeral 11, con el objetivo de permitir una misión militar extranjera en el territorio.
Procurador y usurpador
En la sesión también se aprobó un acuerdo donde se rechazan todos los actos de Reinaldo Muñoz, procurador ratificado en el cargo por Nicolás Maduro en 2018, y se solicita a las instancias internacionales no reconocer los actos que realice a nombre de la República de Venezuela.
El Parlamento afirmó que todos los actos de Muñoz como procurador son «nulos e inexistentes», debido a que su cargo no cumplió con los procedimientos establecidos en la Constitución, tal como lo explicó la diputada Dennis Fernández durante su intervención.
Con esta acción, la parlamentaria dijo que se garantizan «la defensa y los derechos e intereses de la República, por lo que exhortamos a la comunidad internacional a que no acepte a este usurpador».
Dentro del acuerdo además se ratifica como procurador especial al abogado José Ignacio Hernández, figura establecida en la Ley de Estatuto que rige la transición democrática en el país.
