Paren ese show, por Teodoro Petkoff
Una Comisión de la Verdad para investigar la masacre del 11 de abril sólo tiene sentido si, además de estar integrada por personas ajenas a la controversia política diaria, es dotada de autoridad jurídica para investigar a cualquier institución o persona que sea necesario y para que el resultado de sus investigaciones pueda tener valor ante los tribunales. Supeditar la actuación de la Comisión de la Verdad a la de la comisión parlamentaria ya designada, es condenar a la primera a la total inocuidad. Si para cualquier diligencia la Comisión de la Verdad debe solicitar la mediación del grupo parlamentario es fácil pensar que bien poco es lo que se podrá avanzar. Imaginemos la situación. La Comisión de la Verdad solicita de los asambleístas tramitar la autorización para investigar equis o zeta funcionario. Los 27 padres conscriptos inician un debate para determinar si procede o no tal investigación. Después de varios días de mutuas acusaciones y contraacusaciones, deciden, de acuerdo con los intereses políticos de la mayoría, si la investigación planteada se hace o no. Total, la nada.
La Comisión de la Verdad tiene que estar blindada contra la contaminación politiquera de sus propósitos. De lo contrario, o sus trabajos producirán frutos precarios o, más grave aún, no serán creíbles y la impunidad campeará por sus fueros. De allí que tenga mucha lógica el planteamiento hecho por las organizaciones de Derechos Humanos en el sentido de que la creación de la comisión sea producto de una ley que dé fuerza jurídica a su existencia, que establezca el alcance y los límites de sus actuaciones y que le dé poder para investigar sin restricciones todo cuanto deba ser investigado. Un mero reglamento, cuya interpretación dependerá de la voluntad de la comisión parlamentaria que «tutelará» a la de la Verdad, es la garantía de que ésta no tendrá ninguna autonomía ni independencia. La fuerza de la ley es necesaria para que la Comisión de la Verdad sea algo más que un saludo a la bandera o, peor aún, una comisión de tontos útiles. Las organizaciones de Derechos Humanos más reputadas, de hecho las únicas que no podrían ser cuestionadas dada su trayectoria, han condicionado su presencia a la aprobación de tal ley. Declarada de urgencia la materia, el Parlamento podría aprobarla, a partir del proyecto presentado por aquellas organizaciones, en muy pocos días. Es demasiado lo que nos estamos jugando. ¿Se quiere la verdad o lo que se desea es un show político?
