Panamá asegura que lista de sancionados venezolanos es para «proteger» finanzas
Panamá es uno de los doce países latinoamericanos que conforman el denominado Grupo de Lima, que no reconoce la Asamblea Constituyente y que rechaza la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, aseveró que la lista en la que aparece el mandatario venezolano Nicolás Maduro, y otros funcionarios considerados de «alto riesgo» en materia de blanqueo se elaboró para «proteger» el sistema financiero panameño.
«Panamá consideró, por la protección de nuestro sistema financiero internacional, que era importante agarrar la lista de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos y compartir con el sector bancario en Panamá cuáles son las personas que están incluidas en estas listas, para que lo tomen en cuenta en sus evaluaciones de riesgo», explicó De Saint Malo.
La publicación de esa lista, añadió De Saint Malo, «fue una acción autónoma de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales que fue publicado en Gaceta Oficial».
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), publicó la semana pasada una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un «alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
Además de Maduro, en la lista se encuentran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab y algunos ministros.
La resolución que contiene la lista, que incluye además 16 empresas, indica que «se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada».
Ello, frente a cualquier «hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar» que se sospeche puedan estar relacionadas «directa o indirectamente» con las personas naturales y jurídicas incluidas en la lista.
La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.
El máximo tribunal venezolano calificó de «grotescas» e «ilegales» las medidas adoptadas tanto por Panamá como por Suiza, país cuyo gobierno congeló la semana pasada los fondos de siete altos funcionarios, entre ellos el fiscal general Saab y el presidente del Supremo venezolano.
Panamá es uno de los doce países latinoamericanos que conforman el denominado Grupo de Lima, que no reconoce la Asamblea Constituyente y que rechaza la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales.
La plataforma financiera panameña ha sido blanco de críticas por entes internacional, lo que ha llevado a la aprobación en los últimos años de leyes para combatir más férreamente el blanqueo, suprimir las acciones al portador y endurecer la regulación para los sectores no financieros como el inmobiliario, los servicios legales, los casinos y las casas de cambio.
Las críticas contra el sistema financiero y fiscal del país arreciaron tras la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que salió en febrero de 2016, y tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá.
