Otra vez el Ejecutivo ordena activar exportaciones de un motor automotriz fundido
Una serie de propuestas fueron aprobadas para «reimpulsar» el motor automotriz, estrategias que ya se han anunciado en el pasado y no han logrado detener una contracción del 99% del sector
Nicolás Maduro intenta relanzar, como hace anualmente sin éxito, el motor automotriz del país. En esta oportunidad decidió proponer a los empresarios asignar una parte de su producción a la exportación para captar divisas. Una idea innovadora, excepto porque ya ha ofrecido esta alternativa al menos un par de veces en el pasado.
«Nosotros necesitamos convertir a nuestra industria en todo sus componentes, en una industria exportadora. Estoy dispuesto a dar todos los beneficios aduanales, impositivos, fiscales y de financiamiento para que ustedes exporten un porcentaje de producción al mercado internacional, para que obtengan una ganancia con la que puedan invertir y recuperar la inversión», anunció.
En este sentido, aseveró que permitirá a las empresas del sector automotriz, que un 50% de su producción sea importada. Incluso se mostró abierto a aceptar que sea un 60% o 70% el porcentaje que se dedique a la venta internacional si se presenta una petición. Sin embargo, todo bajo un condicionante: que se utilicen petros.
Aunque el petro le de un aire distinto al discurso, el concepto es el mismo que ya había intentado implementar en el pasado. La última vez fue en 2016, cuando ofrecía discursos sobre los «motores de la agenda bolivariana». Maduro decía que debía abandonarse el «modelo rentista» y ofrecía esta alternativa como un mecanismo para «generar divisas». Palabras casi exactas a las mencionadas en esta ocasión, tres años más tarde.
El entonces vicepresidente económico, Miguel Pérez Abad, dijo que un 20% de la producción de autobuses, camiones, tractores, Pick-Up y vehículos, además de un 40% de las motocicletas, serían exportadas.
Un discurso similar mantenía en 2014. Y, en 2013, cuando Maduro apenas iniciaba su primer año como mandatario nacional, su ministro de Industria, Ricardo Menéndez, informaba sobre un pacto con China para ensamblar vehículos en Venezuela.
«No será solo ensamblaje sino la producción completa del vehículo para exportación», decía mientras aseguraba que los planes proyectaban incrementar en un 34% la capacidad total del sector automotriz en el país.
Chavismo empuja vehículo con el motor fundido
Todos los intentos oficialistas han resultado en fracaso, pues desde que Maduro tomó las riendas del país, la industria automotriz ha sufrido una contracción desmedida.
Al cierre del 2012, se habían ensamblado 101.069 vehículos, según el informe anual de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez). Actualmente, tras 7 años de gestión madurista, la cifra apenas llega a las 1.000 unidades. Esto se traduce en una disminución superior al 99% de la fabricación de vehículos. Además, son tan solo tres empresas las que poseen ensambladoras operativas.
A pesar del panorama, el mandatario aprueba proyectos, recursos y decretos para «relanzar» este motor, prácticamente de forma anual. En esta oportunidad, dio el visto bueno a una serie de propuestas que prometen la recuperación del sector en los próximos años.
En este sentido, aseguró que recibió propuestas de 122 empresas privadas, trabajadores del transporte y empresas públicas. «Este es el verdadero diálogo nacional. Hemos hecho un pacto de sangre para recuperar el motor automotriz», indicó.
Entre las propuestas aprobadas, figuraron la creación de un fondo rotatorio de 40 millones de euros para invertir. También pidió al vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, efectuar una «rueda de negocios» en 15 días. Asímismo, ordenó otorgar créditos por hasta 100.000 millones de bolívares (unos 12 millones de euros) a empresas del sector automotriz.
Por otra parte, adelantó que decretará la exención del 40% de pago de impuestos como «estímulos y facilidades a la industria automotriz».
Prometió además la producción de 450 «autobusetes» y, antes del cierre de 2019, 2.000 nuevas unidades Yutong, las mismas que conforman diversos «cementerios de autobuses» en al menos 9 estados del país.
