Ortega Díaz avala lista de Panamá para desarticular «delincuencia» en el poder
La fiscal también dijo que estas son «acciones positivas dirigidas a desarticular financieramente a los grupos de delincuencia organizada enquistados en el poder en Venezuela»
La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, avaló la lista creada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá donde se prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país tener vinculos comerciales con las personas mencionadas.
A través de la red social Twitter, Ortega Díaz señaló que las medidas anunciadas por Panamá deberían ser replicadas por otros países de la región para cercar economicamente al gobierno de Nicolás Maduro.
La fiscal, destituida el año pasado por la impuesta Asamblea Constituyente, también dijo que estas son «acciones positivas dirigidas a desarticular financieramente a los grupos de delincuencia organizada enquistados en el poder en Venezuela».
Las medidas anunciadas por #Panamá contra funcionarios del régimen madurista deben ser adoptadas por otros gobiernos de la región. Son acciones positivas dirigidas a desarticular financieramente a los grupos de delincuencia organizada enquistados en el poder en #Venezuela #30Mar
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) March 30, 2018
El gobierno de Panamá publicó una lista donde está incluidos 55 funcionarios venezolanos, entre ellos el mandatario Nicolás Maduro, y varias empresas venezolanas por ser suceptibles al blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La información fue emita por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, la cual emitió dos resoluciones.
La primera resolución 01-018 establece que Panamá adoptará las resoluciones existentes sobre prevención de actos de terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU, así como todas las que se emitan en el futuro sobre la materia.
La segunda resolución 02-018 recomienda a los sujetos obligados financieros y no financieros adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas.
