España rechaza querella contra Ortega Díaz y Rodríguez Torres por lesa humanidad
El tribunal también señala que los supuestos delitos fueron cometidos fuera de España y que la víctima no posee nacionalidad española, lo cual impide legalmente a la Audiencia Nacional investigar estos hechos
La Justicia española decidió no admitir a trámite una querella que acusaba por delitos de lesa humanidad al exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres y a la exfiscal general Luisa Ortega, relacionada con presuntas violaciones de los derechos humanos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La Audiencia Nacional argumenta que no tiene «competencia jurisdiccional» para investigar estos hechos y recuerda que la Corte Penal Internacional ya está indagando crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por lo que «siendo esta instancia donde deben ser canalizados este tipo de denuncias», no corresponde al tribunal español asumir el caso.
En el auto judicial, al que tuvo acceso EFE, un magistrado aclara que las acusaciones se apoyan en «informaciones de carácter periodístico», y que el testimonio de la denunciante no basta para «otorgar veracidad» a los delitos denunciados en el contexto de lesa humanidad.
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Vulneración de DDHH
Sin embargo, el juez sí identifica en el relato «la notoria vulneración de sus derechos fundamentales», y considera que los hechos descritos podrían encajar en un delito de torturas o contra la integridad moral, aunque no alcanzan la gravedad o sistematicidad que implicaría calificarlo como crimen de lesa humanidad.
El tribunal también señala que los supuestos delitos fueron cometidos fuera de España y que la víctima no posee nacionalidad española, lo cual impide legalmente a la Audiencia Nacional investigar estos hechos.
La querellante, una activista del grupo Proyecto Venezuela, asegura haber sido víctima de torturas, detenciones y violaciones durante los años 2003 y 2004.
En uno de los episodios, denuncia haber sido secuestrada, sedada e interrogada sobre militares disidentes. En otra ocasión, afirma que hombres identificados como «agentes de la DSIP paralela» irrumpieron en el lugar donde se encontraba, la forzaron a salir y la llevaron ante un «agente que dirigía la comisión y dirigió la tortura, identificado como Melvin Collazo», quien actuó frente a su superior.
Según la fiscal, en el escrito presentado al juez, se pidió verificar si estos hechos ya estaban siendo investigados por la Corte Penal Internacional.
La denunciante también asegura que, por orden de Miguel Rodríguez, quien fue director de inteligencia y posteriormente ministro, la llevaron a un cuarto donde fue «inmovilizada, golpeada» y «violada».
«Se le informó que toda su tortura estaba siendo grabada y que quedaría como advertencia a todos por orden del director Miguel Rodríguez», señala la fiscal al citar la querella.
La mujer también relata que estuvo 59 días en una cárcel militar y que posteriormente la presentaron ante un tribunal civil donde, según sostiene, por orden de la fiscal Luisa Ortega, no se le tomó declaración.
El juez de España reconoce que en el relato se advierte la implicación directa de Miguel Rodríguez, aunque considera que la participación de Luisa Ortega no presenta el mismo carácter ni grado de implicación.
Con información de EFE
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