ONG denuncia que reclusas del retén San Carlos en Zulia son obligadas a prostituirse
Los funcionarios policiales del retén San Carlos cobran no solo por la prostitución, sino por el ingreso de bebidas alcohólicas al lugar, según denuncia la ONG Una Ventana a la Libertad. Familiares de las 74 detenidas exigieron al gobernador Manuel Rosales Guerrero, al alcalde Nervis Sarcos y a la Secretaría de Seguridad de la entidad que detengan este tipo de prácticas
La ONG Una Ventana a la Libertad denunció que las reclusas del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas San Carlos de Zulia, mejor conocido como el retén San Carlos, son sometidas a la prostitución por parte de los funcionarios encargados de su custodia.
Este retén está ubicado en el municipio Colón y alberga a 74 reclusas. Según las denuncias recibidas por la ONG, por parte de familiares y vecinos de la zona, los policías prostituyen por 25 mil pesos colombianos a las detenidas. También ingresan otras mujeres, que no están detenidas, y por las que cobran 60 mil pesos.
“Las meten a los pabellones a las 5:00 de la tarde y las sacan a las 6:00 de la mañana”, señaló un familiar, que prefirió no identificarse por temor a represalias.
Aunque la corrupción se reporta desde hace varios años, los denunciantes aseguran que “los policías se volvieron violentos con los presos, aunque ellas no quieran las obligan”. Por ello exigieron al gobernador Manuel Rosales Guerrero, al alcalde Nervis Sarcos y a la Secretaría de Seguridad de la entidad que detengan este tipo de prácticas.
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“Los policías cobran 25 mil pesos para sacarlas a los patios de hombres para que tengan relaciones sexuales con ellas. Ellos se quedan con el dinero y ellas con la barriga. Ahorita hay siete embarazadas, dos de ellas de los policías”, reiteró otro de los familiares.
En particular, contó el familiar, una reclusa de nombre Abril fue obligada a prostituirse y quedó embarazada de un funcionario de apellido Carrillo. “De todo eso se hace la vista gorda el comisionado Rivero, Simancas y Muñoz”, aseveró.
Aunque no se reporta el ingreso de armas al penal, las comunidades aledañas denunciaron a la ONG que es frecuente ver cómo entran minitecas y bebidas alcohólicas. “Las fiestas ya no solo son los fines de semana, cualquier día se escucha el parrandón”.
Una Ventana a la Libertad conoció que por el ingreso de una caja de cerveza se cobran 30 mil pesos y por una botella de ron 20 mil. Además de cancelar el producto, el interesado debe pagar por el derecho para consumirlo en cualquier día u hora.
“No sé si cobran por eso (ingreso de droga), pero hay que pagar hasta por respirar. Para entregarle la comida, para sacarlos a tribunales, por pasar una medicina, por todo. Quien no tiene pasa roncha, unos se han enfermado y otro poco se murieron”, precisó una visitante.
