Noriega confirma que Voluntad Popular participará en las elecciones parlamentarias
A pesar de que el fiscal general impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, pidió al TSJ considerar a Voluntad Popular como organización terrorista, José Gregorio Noriega asume que esto no ocurrió por recursos que introdujo ante la Sala Constitucional para no condenar a la tolda naranja en su totalidad
El secretario de la junta ad hoc de Voluntad Popular designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Gregorio Noriega, informó que en su rol como cabeza impuesta de la organización, participará en las elecciones parlamentarias a celebrarse el 6 de diciembre con la tarjeta del partido y fomentará a todos los militantes que deseen aspirar a diputados, a postularse.
«Somos demócratas y creemos en la ruta electoral. Nos vamos a plantear enrumbar a la organización por la ruta electoral participando en las elecciones parlamentarias», declaró en una entrevista con Unión Radio.
Noriega recalca que fomentará la postulación a cargos públicos mediante la vía electoral, por lo que adelantó que tiene intención de participar también en los comicios para elegir a concejales y alcaldes, y más adelante hacer lo mismo con las de gobernadores. Denunció que la directiva del partido no permitía libertad en las postulaciones.
«Fomentaremos que todo aquel quien quiera aspirar, lo haga. No les pondremos restricciones como se imponían en la dirección política antigua de Voluntad Popular. Cuando haya dos aspirantes para un mismo cargo, lo dirimimos. Antes se veía como un pecado», acotó.
Para el dirigente político, la participación en las parlamentarias es fundamental para no ceder el control absoluto del parlamento al chavismo, como ocurrió en las elecciones de 2005. «El sector oficial ganó la Asamblea en su totalidad y nosotros pagamos las consecuencias porque aprobaron distintas leyes que estamos pagando todavía», razonó.
Insistió en que los comicios parlamentarios del 2015 que ganó la oposición con 112 de 167 diputados, se mantenían las mismas condiciones adversas y garantías insuficientes bajo el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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«Se hizo justicia»
Ante las polémicas desatadas a raíz de la designación de juntas directivas ad hoc en algunos de los partidos políticos de oposición más importantes, como Acción Democrática, Primero Justicia y ahora Voluntad Popular, Noriega dice que no tienen lugar ya que el TSJ hizo justicia.
El también diputado recordó que el pasado 23 de enero acudió al TSJ para introducir un recurso de amparo, ya que a su juicio se violaron sus «derechos constitucionales» al ser expulsado del partido después de que una investigación de Armando.Info lo vinculara con un esquema de corrupción relacionado con socios del empresario colombiano Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro y principal contratista que vende al gobierno chavista alimentos para los CLAP.
«Creemos que se hizo justicia con la decisión del TSJ porque el pasado 23 de enero varios diputados introdujimos un recurso de amparo porque se violaron los derechos constitucionales, nos expulsaron de nuestro partido, se nos sometió al escarmiento público, no hubo derecho a la defensa, no se cumplió con el debido proceso», resaltó.
Posteriormente, Noriega acudió al TSJ una vez más, hace dos semanas, para exigir que se retirase el estatus de organización terrorista a Voluntad Popular.
«Fuimos a la Sala Constitucional para decir que Voluntad Popular no es terrorista, quizás lo sean un grupo reducido de dirigentes», afirmó.
Además, rechaza que se le juzgue por establecer acuerdos «circunstanciales» con la dirigencia chavista, ya que los factores relacionados con Guaidó también negocian. En este sentido, denunció que el gobierno interino conversó con voceros del chavismo para acordar la presunta excarcelación de Rafael Rojas Saavedra y a raíz de eso se firmó el acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para permitir la importación de medicamentos y alimentos por el coronavirus al país.
Sin embargo, el arresto de Rojas nunca fue confirmado y mucho menos su excarcelación, mientras que las denuncias sobre su rol como «testaferro» de Guaidó surgieron de otro de los denominados «diputados CLAP», José Brito.
