Misión de la ONU llegó a Nicaragua para sumarse al diálogo
La misión de alto nivel se reunirá en Managua y la ciudad de Masaya (sureste del país) con autoridades del Estado, madres de víctimas, organizaciones sociales, estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos, la Conferencia Episcopal y otros actores claves del diálogo nacional
Una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) comenzó el miércoles 27 de junio una misión oficial en Nicaragua en medio de la crisis sociopolítica que desde hace más dos meses atraviesa ese país y que, de acuerdo con un organismo humanitario, ha dejado 285 muertos hasta la fecha.
La misión, encabezada por la representante regional para América Central de la ONU para los DDHH, Marlene Alejos, condenó «el nivel de violencia e inseguridad que ha vivido el país desde» el pasado 18 de abril.
«La muerte de un niño de 14 meses a consecuencia de un disparo durante el fin de semana se añade a una trágica lista de al menos 212 personas que han muerto de forma violenta en el marco de las protestas», reprochó la representante de la ONU.
«Estos hechos son inaceptables y no pueden quedar impunes», sentenció.
Esa misión de la ONU llegó a Nicaragua con el objetivo de responder a una solicitud de acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad del diálogo nacional y monitorear la situación de derechos humanos, de acuerdo a su mandato.
La misión de alto nivel se reunirá en Managua y la ciudad de Masaya (sureste del país) con autoridades del Estado, madres de víctimas, organizaciones sociales, estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos, la Conferencia Episcopal y otros actores claves del diálogo nacional.
La presencia de la Acnudh se suma al de un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en Nicaragua desde el domingo 24 para verificar la situación en el país.
Mientras, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) reportó en un informe que al menos 285 personas han muerto -incluido 20 menores de edad-, 2.500 han resultado heridas, 156 desaparecidas y 46 lisiadas de forma permanente debido a la represión del gobierno.
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El gobierno se ha valido de sus «fuerzas combinadas que cubren sus rostros con pasamontañas» para realizar «actos ilícitos e impunes», como «torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de morada sin orden judicial y daños a la propiedad», denunció el secretario ejecutivo de la Anpdh, Álvaro Leiva, en rueda de prensa.
Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada sostuvo que «en Nicaragua se vive un intento de desestabilización social de grupos internos con apoyo internacional, del que se han aprovechado grupos delincuenciales y de narcotráfico» generando una ola de violencia, criminalidad e inseguridad sin precedentes, afectando los derechos humanos y la vida de los ciudadanos.
«Estas son acciones encaminadas a una ruptura del orden constitucional con una exigencia de renuncia del gobierno y adelanto de elecciones para hacer un cambio de gobierno por la vía fáctica», denunció Moncada.
El gobierno nicaragüense insiste a la oposición en que culminen las protestas y los tranques en todo el país, como una forma de contribuir a un clima de seguridad, estabilidad, paz y libre circulación.
«Después estamos dispuestos a escuchar todos los temas de democratización e institucionalidad dentro del marco de la Constitución y las leyes», dijo Moncada.
Las protestas contra el gobierno de Ortega comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
