Misión de la ONU pide investigar muertes ocurridas durante protestas poselectorales
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU emplazó al gobierno de Nicolás Maduro a detener la represión que se desató tras las elecciones. La misión apuntó que las protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones abrieron paso «a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado»
La Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Nicolás Maduro investigar las 23 muertes ocurridas durante las manifestaciones que se registraron los días 29 y 30 de julio en rechazo a los resultados de las presidenciales en los que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), resultó ganador.
La misión hizo la petición este 12 de agosto. De acuerdo con un comunicado de prensa, Marta Valiñas, presidenta del organismo afirmó que de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas. «Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia», afirmó.
Pidió al gobierno detener la «creciente represión» que se desató tras las elecciones. La misión apuntó que las protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones abrieron paso «a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado».
Indicó que lleva un registro de 23 muertes, la mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. Agregó que en 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años.
*Lea también: Abogado Joel García advierte que represión del Gobierno es más «cruenta» que en 2017
«Después de analizar los datos publicados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Misión puede concluir preliminarmente que al menos 1260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres. La mayoría de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital (18%), seguido de los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%). Datos anunciados por el Fiscal General de la República elevan la cifra a 2200 personas, calificadas de manera indiscriminada como ‘terroristas’, que han sido detenidas», se lee en el comunicado de prensa.
En el texto se detalló que la Misión ha registrado elementos comunes en la detenciones, «que las convierten en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso». Entre estos elementos destacó la realización de audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar, imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada.
También enumeró como irregularidad la negación de información a familiares y los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.
«Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato (…) Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares», dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión.
Recordó que entre las personas que han sido detenidas hay dirigentes, militantes y simpatizantes de partidos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Afirmó que la gran mayoría de las personas detenidas solo manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades.
«Muchas de estas detenciones ocurrieron después de que las personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades las fueron a buscar selectivamente en sus casas», sostuvo.
La misión de la ONU expresó su preocupación por la detención de más de cien niños y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes que las personas adultas. Alertó que los menores de edad no cuentan con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales
«La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior», señaló Francisco Cox, experto de la Misión.
