Metidas de pata, por Teodoro Petkoff
El asesinato de Danilo Anderson, repudiado categórica y convincentemente por todos los sectores del país, evidenció, entre otras hipótesis, la posibilidad de que pudiera haberse activado algún grupo u organización que utilice el atentado terrorista como un instrumento de lucha política. La peligrosidad de tal perspectiva en el plano político, más allá de los crímenes que pudieran asociarse a ella, no necesita mayores explicaciones. La instalación del terrorismo sería una desgracia enorme para los venezolanos, ya tan lastimados por la contienda política.
Por tanto, el gobierno está obligado a actuar del modo más enérgico para descubrir y llevar a juicio a los autores materiales e intelectuales del atentado contra Anderson y para desarticular completamente esa hipotética organización, a fin de impedir que el atentado terrorista se convierta en moneda corriente en el país.
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Sin embargo, la actuación de las autoridades encargadas de la investigación, por enérgica que sea, no puede traspasar los límites fijados por la Constitución y las leyes. También debe tomar en cuenta y apreciar la unánime reacción condenatoria del atentado y apoyarse en ella, en lugar de aprovechar el asesinato de Anderson con finalidades sectarias, que ahonden la división del país, como desafortunadamente ha ocurrido.
Proceder de esta manera perjudica los propios objetivos de la lucha contra el terrorismo y más bien podría incentivarlo.
Si bien es cierto que no ha habido ninguna cacería de brujas y la represión está focalizada, no es menos cierto que se han producido actos policiales al margen de la ley, en relación con algunas personas a las cuales se ha imputado como vinculadas al atentado. En TalCual hemos venido expresando nuestra preocupación por ello.
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El allanamiento del Colegio Hebraica es una incomprensible y realmente estúpida acción, sobre la cual el gobierno está obligado a dar una explicación y ofrecer satisfacciones públicas a este sector de la población venezolana que es la comunidad judía, que, por razones obvias, es extremadamente sensible ante procedimientos de esta naturaleza. No se entiende cómo, hasta ahora, el gobierno no lo ha hecho y más bien ha guardado un silencio que realmente intenta banalizar ese atropello, como si fuera un incidente más, de poca monta, en la investigación que se adelanta. Pero no lo es. Nada lo justifica y mucho menos haberlo llevado a cabo con una veintena de hombres fuertemente armados, a la hora en que un millar de niños estaba entrando al colegio, haciéndoles pasar ese enorme susto y la consiguiente angustia.
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En definitiva, el gobierno debe tener claro que impedir la propagación del terrorismo exige, de su parte, mucha responsabilidad, sindéresis y estricto respeto al ordenamiento jurídico, así como la comprensión de la necesidad de no marginar en esta lucha a sectores que, aun adversando al gobierno, han demostrado su contundente repudio al crimen político.
