MAS exige una amnistía consensuada, amplia y sin leyes punitivas vigentes
La vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, pidió que la Ley de Amnistía en discusión en la Asamblea Nacional sea producto del consenso y garantice no solo la liberación de presos políticos, sino el reencuentro de los venezolanos y el retorno de los exiliados. También exigió derogar leyes que, a su juicio, hacen inviable cualquier proceso real de reconciliación
En el marco de la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, la vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, hizo un llamado a construir un instrumento jurídico sustentado en el entendimiento y el consenso nacional, que permita la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados y el reencuentro definitivo de los venezolanos.
Desde la tolda naranja informaron que se han recibido entre siete y ocho propuestas alternativas de ley, elaboradas por organizaciones no gubernamentales, familiares de presos políticos y facultades de ciencias jurídicas de universidades públicas, las cuales —según el MAS— deben ser consideradas en el proceso de consulta.
Verdeal cuestionó que, aunque el proyecto fija su ámbito temporal desde 1999, limite su cobertura hasta el 30 de enero de 2026. A su juicio, la amnistía debería extenderse hasta el momento mismo de su publicación y entrada en vigencia en gaceta oficial, para evitar nuevas exclusiones.
La dirigente política también exigió que la ley incluya actos y acciones administrativas de organismos como la Contraloría General de la República, el Saime y el Consejo Nacional Electoral, con el objetivo de restituir derechos políticos y la vigencia legal de las organizaciones partidistas. Asimismo, criticó que el texto omita a civiles y militares procesados bajo jurisdicción militar. «Hay ciudadanos bajo esta jurisdicción por hechos políticos que no están contemplados en el proyecto actual y deben ser incluidos», afirmó.
«Esta ley no puede ser aprobada por un solo sector; debe llevar el consenso de la mayoría para sanar a un país herido por los hechos de los últimos 27 años. Tenemos que sanar esas heridas, reencontrarnos, reconciliarnos y que ocurra el resarcimiento a las víctimas», sostuvo Verdeal.
La abogada advirtió que una amnistía no puede coexistir con lo que calificó como un «andamiaje legal punitivo» y, en ese sentido, instó a la derogación de la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y la Ley de Extinción de Dominio. «Es inconstitucional pretender una reconciliación mientras sigan vigentes leyes que contemplan penas de hasta 30 años e inhabilitaciones políticas de más de 60 años», dijo.
El MAS también rechazó que el Ministerio de Interior, Justicia y Paz sea el órgano encargado de procesar y supervisar la aplicación de la ley. En su lugar, planteó que esa responsabilidad recaiga en la Asamblea Nacional, junto con la Comisión Especial del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, con participación de ONG y representantes de la sociedad civil, para garantizar transparencia.
Verdeal saludó las liberaciones de presos políticos ocurridas recientemente y citó declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró desde zona 7 —sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas— que entre martes y viernes de esta semana no habría presos políticos en recintos penitenciarios.
Finalmente, la dirigente del MAS calificó como una incongruencia la convocatoria a las festividades de Carnaval mientras se mantiene vigente el Decreto de Conmoción Externa. «Es inquietante cómo la administración de Nicolás Maduro pretende que convivan las festividades con un decreto que regula y restringe reuniones y aglomeraciones, por lo que insistimos en la derogación del mismo», señaló.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
