Más de ocho mil niños sin educación por cierre de la frontera, denuncia Fundaredes
Javier Tarazona afirmó que presentarán las denuncias en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, «para que respondan ante esta violación de los derechos humanos»
La ONG Fundaredes denuncio que los derechos de al menos ocho mil niños que habitan en los estados fronterizos de Venezuela con Colombia se ven afectados por el cierre de la frontera con ese país, una decisión tomada por los gobiernos de ambas naciones tras los hechos de violencia el 23 de febrero ante el frustrado intento de ingreso de ayuda humanitaria al país.
El director general de FundaRedes, Javier Tarazona, destacó la situación de los niños en los municipios Pedro María Ureña, Bolívar, Junín y Rafael Urdaneta (estado Táchira) quienes desde hace dos semanas no pueden pasar la frontera para asistir a sus clases con regularidad.
Tarazona explicó que FundaRedes, la Fundación El Amparo y Proyecto 860 lograron identificar en los últimos meses que mas de 8 mil niños venezolanos han tenido que ir al Norte de Santander (en Colombia) para poder estudiar, ante la ausencia de un sistema de alimentación escolar, escasez de profesores, pésimas condiciones de infraestructura en los planteles, e incluso el déficit de transporte en Venezuela.
Todo esto ha originado que los representantes inscriban a sus niños en territorio colombiano, para poder ofrecerles una formación de calidad, señaló el director de Fundaredes, al tiempo que destacó que con el cierre de los pasos peatonales entre Venezuela y Colombia, se afecta el derecho a la educación y al libre tránsito en territorio fronterizo.
Tarazona afirmó que notificarán y presentarán las denuncias en instancias nacionales como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, «para que respondan ante esta violación de los derechos humanos de los niños y adolescentes, así como ante tribunales del sistema de protección del niño, niña y adolescente de manera formal».
También se tiene previsto llevar la denuncia a instancias internacionales. «Ya generamos contactos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que se activen los mecanismos de protección y demás acciones necesarias”.
Además, tienen previsto documentar los padecimientos de personas con distintas patologías. Tarazona aseveró que “tenemos también información de miles de personas con diversas enfermedades, que necesitan cruzar la frontera para comprar un tratamiento, para cumplir una terapia, que en Venezuela no se garantiza y que ahora el mismo gobierno les cercena el derecho de ir a tratarse en el país vecino, donde se les estaba prestando una mejor atención”.
