Maduro prorroga por dos años la inamovilidad laboral, medida que fomenta el parasitismo
Dirigentes empresariales han sostenido que la inamovilidad laboral ha sido totalmente contraproducente para el desarrollo económico del país
El gobierno de Nicolás Maduro prorrogó por dos años, hasta el 31 de diciembre de 2022, el decreto de inamovilidad laboral, que impide a patronos de los sectores público y privado llevar a cabo despidos, desmejoras de beneficios y condiciones y trasladados «sin justa causa calificada previamente por el Inspector o la Inspectora del Trabajo de la jurisdicción». Se trata de una medida, puesta en marcha por primera vez en abril de 2002 por Hugo Chávez, que ha sido rechazada por el sector empresarial debido a que, aseguran dirigentes, fomenta el parasitismo laboral.
El Decreto Nº 4.414, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.611 Extraordinario de fecha 31 de diciembre de 2020, señala que la medida fue tomada «a fin de proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz».
La medida establece que si un trabajador es despedido, sus beneficios y condiciones son desmejorados «sin justa causa» o es trasladado sin su consentimiento, «podrá interponer una denuncia dentro de los 30 días continuos siguientes ante el inspector o inspectora del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida».
Quedan exentos de este decreto los trabajadores que ejerzan cargos de dirección y los que se encuentran en el área de trabajo de forma temporal y ocasional, de acuerdo con el artículo cinco del decreto. «La estabilidad de las funcionarias y funcionarios públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sin perjuicio de las demás disposiciones que le resulten aplicables».
La medida advierte que será sancionado el empresario o jefe que «obstaculice o desacate la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida» de un trabajador «protegido» por este decreto.
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Maduro ha ratificado la aplicación de esta medida desde que anunció, en marzo de 2020, el paquete económico de ayuda para enfrentar los efectos generados por la pandemia de la covid-19. Sin embargo, las empresas en manos del Estado que fueron reprivatizadas en 2020 han desacatado la medida del Ejecutivo al despedir a trabajadores sin previo aviso. Este es el caso de algunas tiendas de Agropatria y del Central Azucarero Pío Tamayo.
Dirigentes empresariales han sostenido que la inamovilidad laboral ha sido totalmente contraproducente para el desarrollo económico del país, pues, en vez de incentivar el trabajo, el esfuerzo y la productividad, ha hecho todo lo contrario, por ejemplo, que los trabajadores lleguen a las empresas y no cumplan con su tarea.
Denuncian también que el gobierno solo le aplica la ley al sector privado, porque han visto que trabajadores de la administración pública son botados indiscriminadamente cuando protestan o manifiestan una opinión contraria a la impuesta por el régimen.
