Maduro habría querido despalillar cuentas de la CVG en España
Unos 25 millones de euros en las cuentas de la CVG estuvieron a punto de irse a Rusia por funcionarios que usaron papeles falsos para ello
El ingeniero Enrique Castells, quien fue designado como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado del país, reveló este miércoles 8 de julio que el mandatario Nicolás Maduro habría intentado llevarse de España unos 25 millones de euros de la CVG para Rusia.
Castells, entrevistado por el diario El Mundo -y sus declaraciones reseñadas por EFE– indicó que la administración de Maduro intentó cerrar las cuentas bancarias que tiene la CVG en España para hacer la transacción y apenas fue avisado por los abogados, acudió hasta Madrid para evitar que el dinero fuera a parar a Moscú.
«Ahora mismo el dinero está bloqueado a pesar de que la ley española es bien clara, el poder lo tiene el administrador único de la sociedad y somos nosotros», exclamó.
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Recalcó que el equipo legal que asesora al gobierno interino de Guaidó interpuso una demanda contra el personal de la CVG que fue designado por el mandatario venezolano, quienes habrían intentado sustraer el dinero usando documentación falsa para ello.
Enrique Castells se apoya en el bufete español Cremades & Calvo Sotelo, organización que trabaja para que Juan Guaidó sea reconocido como máximo responsable político venezolano y poder acceder a los fondos de la CVG en el resto del mundo.
Señaló que el gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, «tiene intereses personales con el Gobierno de Maduro que no tienen nada que ver con lo legal» y manifestó su sorpresa por esta situación a las autoridades de Estados Unidos.
Las acciones del régimen de Maduro respecto al dinero de la CVG ocurren luego de que la justicia del Reino Unido fallara a favor del parlamentario opositor sobre el control del oro del Estado venezolano que está en las bóvedas del Banco de Inglaterra y que el Ejecutivo venezolano pretendía usar para supuestamente comprar insumos para hacer combate contra el covid-19, una decisión que desde Miraflores repudiaron y que anunciaron su apelación.
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Esto derivó en que el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, anunciara el 3 de julio desde el Ministerio Público (MP) la emisión de órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes contra los miembros de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) que fue nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Junto a ellos, también anunció medidas similares contra José Ignacio Hernández quien era procurador especial designado por Guaidó. Así como también, a Irene De Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni, quienes aseguró permitieron la actuación de un bufete estadounidense en el litigio.
También se solicitó la aprehensión y el congelamiento de los bienes contra Vanessa Neuman, Julio Borges y Carlos Vecchio.
