Maduro arremete contra Oficina ONU para DDHH y la culpa de espionaje y conspiración
Maduro aseguró que hasta que la ONU no pida disculpas públicas a su gobierno el personal de la Oficina para los DDHH no regresará a Venezuela. Dijo que los mismos voceros de ese organismo internacional rompieron el acuerdo firmado en 2019 con Bachelet respecto a la instalación de esa instancia en el país
Nicolás Maduro arremetió contra la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y señaló que la expulsión de sus representantes en Venezuela, ordenada el 15 de febrero, se debió a que la instancia, según él, se convirtió en una «oficina de espionaje y conspiración interna».
En su programa semanal «Con Maduro Plus», el gobernante venezolano dijo este lunes 19 de febrero que «hasta que esa oficina no rectifique y pida disculpas públicas no volverá al país». Indicó que la acción tomada por su gobierno derivó del incumplimiento, por parte de voceros de la ONU, del acuerdo firmado en 2019 con la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
«Se firmó (un acuerdo de entendimiento entre Maduro y la Oacnudh) se instaló la oficina, y esa oficina se desvió (…) Aparecía una conspiración de un intento para matar al presidente de la República, y ellos lo primero que hacían era decir ‘queremos ver el expediente», indicó el mandatario.
«La gota que rebosó el vaso fue un caso reciente con una persona involucrada en estas labores de espionaje, referida por los involucrados, y ellos salieron a calificar a la Fiscalía y al poder judicial de manera abusiva, rompiendo las reglas del documento firmado. Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los acuerdos del principio», siguió Maduro.
El caso al que se refiere es al de Rocío San Miguel, directora de la oenegé Control Ciudadano, dedicada a estudios militares y de seguridad nacional. A la activista, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, se le acusa de supuestamente tener vínculos con la trama «Brazalete blanco», una de las cinco conspiraciones bajo actual investigación por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La madrugada de este 13 de febrero, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Volker Turk, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que «su paradero (el de Rocío San Miuel) sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal».
¿Ese pronunciamiento les costó su trabajo de campo en el país?
«Ellos no están para estar calificando, ellos no son fiscal en Venezuela. De verdad, aquí las instituciones han respondido. A esta gente se le dio 72 horas. Todos se fueron del país el sábado (17 de febrero), afortunadamente, y hasta tanto, esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique no volverá al país. Esperemos que rectifiquen», puntualizó Maduro.
Justo este lunes 19 de febrero, en un comunicado, firmado por 198 oenegés, entre ellas Foro Penal y Provea, se exhortó a las múltiples instancias de la ONU, en especial a Volker Turk y Antonio Guterres, Alto Comisionado para los Derechos Humanos y secretario general de la ONU, respectivamente, a que no cesen su compromiso para proteger la vida, integridad y seguridad de los venezolanos.
Las asociaciones civiles agradecieron a todo el equipo de oficiales de ONU por haberse convertido en «la real defensoría del pueblo
venezolano», pero les pidieron que, aunque a la distancia, sigan abogando para que esa instancia de Naciones Unidas retorne al país, y de una forma más fortalecida, en funciones, obligaciones y también en libertad de acción en el territorio.
«El cese temporal y expulsión de oficiales de la Oacnudh de Venezuela es un nuevo incumplimiento de las obligaciones y acuerdos del Estado venezolano con la comunidad internacional, ahora con la ONU y los órganos de protección universal, evidenciando que no existe voluntad de cumplimiento en materia de respeto a los derechos humanos, garantías de protección, justicia, libertades y democracia», se lee en el document0.
