Maduro actúa como Pinochet y Videla, por Xabier Coscojuela
Ayer 14 de julio, una de las policías de Maduro se llevó detenidos a la madre, el hermano y el primo de Javier González, militante de Voluntad Popular y quien fue señalado por el presidente de la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2020, de tener alguna responsabilidad en los hechos de la Cota 905.
Estos familiares de González tuvieron mejor suerte que el niño Angelo Vásquez, quien fue secuestrado por el Conas para obligar a su padre, a quien acusaban de haber cometido un delito, a entregarse. Esto ocurrió en 2018.
Un año antes, el mismo procedimiento se empleó contra Omar Lares, para el momento alcalde de Ejido, Mérida, durante las protestas contra el régimen de Maduro. Fueron a buscar a la primera autoridad municipal y, al no encontrarlo, se llevaron preso a su hijo Juan Pedro Lares Rangel, quien pasó varios meses en el Helicoide.
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Como vemos, la práctica no es reciente y se está haciendo costumbre. No es una originalidad represiva de algún iluminado chavista. Es la misma que se aplicó en los países del Cono Sur. En el Chile de Augusto Pinochet y en la Argentina de Jorge Rafael Videla. Si la policía o los militares no encontraban a quien buscaban se llevaban preso a alguno de sus familiares. Maduro actúa igual que ambos dictadores. No es casualidad.
A lo anterior, los policías y militares incluyen el robo en las viviendas u oficinas que allanan. Es una especie de botín de guerra, actúan como un ejército de ocupación.
Quien hoy funge como fiscal general de la república fue constituyente en 1999 y se vanagloriaba con que el capítulo sobre los derechos humanos contenidos en esa carta magna era uno de los más bellos del mundo. Los hechos están demostrando, de manera reiterada, que el papel aguanta todo.
Este sujeto, quien llegó a afirmar que no sería fiscal porque no quería ser un carcelero, se ha convertido en un cómplice militante de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro.
No solo hizo una acusación menor a quienes mataron al capitán Acosta Arévalo, no solo avaló el asesinato del concejal Fernando Albán, no solo exculpó a los militares que asesinaron a Juan Pablo Pernalete sino que avala la detención ilegal de personas que no han cometido ningún delito. Otro que tiene el mismo nivel de responsabilidad es el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.
Lo ocurrido ayer con los familiares de Javier González, y también con los familiares de Javier Tarazona, es otra demostración de la validez que tienen los informes que ha publicado la alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michel Bachelet, así como la investigación que se viene adelantando en la Corte Penal Internacional.
