Los intocables, por Teodoro Petkoff
La Alcaldía Metropolitana recordó ayer que desde hace un año reposan en la Fiscalía y en la Contraloría los expedientes que introdujo, solicitando que se determinara la responsabilidad del ex alcalde Juan Barreto en la comisión de una larga lista de irregularidades administrativas. El Cabildo Metropolitano acordó invitar a la Fiscal y al Contralor para que expliquen las razones de tan escandalosa demora.
Puede apostarse que ninguno de los dos funcionarios se dignará pasar por el cabildo. Tendrían que explicar que si abrieran investigación sobre el «Gordo» se verían obligados a hacerlo también sobre Diosdado Cabello y sobre el hijo de José Vicente Rangel. Y sobre estos dos personajes, ni la Fiscalía ni la Contraloría se atreverían a hacer nada sin la autorización expresa del Presidente. Juan Barreto está protegido por el fuero especial de que gozan Rangel Jr. y Cabello. Sobre estos dos también fueron solicitadas, para la misma época, decisiones de los organismos jurisdiccionales.
La Gobernación de Miranda presentó un grueso informe sobre las presuntas irregularidades administrativas cometidas por el ex gobernador Diosdado Cabello y la Alcaldía de Sucre consignó, a su vez, un camión lleno de expedientes sobre los igualmente presuntos chanchullos en que habría estado involucrado «Papi-Papi». Pero Rangel padre y Cabello mantienen un vínculo sui generis con el Presidente, que los blinda contra cualquier investigación.
Son casos emblemáticos de la evolución del Poder Judicial venezolano hacia la concepción que los regímenes totalitarios, nazi-fascistas y comunistas, establecieron sobre las relaciones entre el Judicial y el resto de los poderes públicos, en particular el Ejecutivo. En aquellos regímenes se abolió la separación e independencia de los poderes, subordinando la acción de la justicia a los intereses políticos dominantes. La justicia debía ser administrada en función de proteger y fortalecer los fines de las políticas nazi-fascistas y comunistas. Fue una justicia de partido. Los jueces fallaban conforme a las directivas y órdenes del partido, al cual pertenecían todos. Es el modelo que sobrevive en Cuba y que inspira a Chacumbele.
Para ir adelantando camino, la presidenta del Tribunal Supremo de «Justicia» declaró que la separación de poderes es un concepto «burgués», que atenta contra la unidad del Estado. Prepara pues, la magistrada, los argumentos «doctrinarios» para dar una suerte de caución «teórica» a la que ya es una práctica habitual en el TSJ: sentenciar cogiendo seña de Miraflores. Porque «la unidad del Estado» está materializada en la figura de Hugo Chávez. Él encarnaría «la unidad del Estado». Es su voluntad la que determina hacia qué lado deben inclinarse los platillos de la balanza que empuña la Dama Ciega. Su voluntad decide quién es corrupto y quién no, y, entre tanto, sus fieles o aquellos a los que todavía no puede defenestrar, jamás pisaran un estado judicial.
