Ley que controla ONG: ¿qué es y cuál es su alcance?
Esta no es la primera jurisprudencia que el régimen de Nicolás Maduro usa para intentar eliminar a las ONG. Sin embargo, sí es la que hasta ahora contempla normativas más punitivas
El 24 de enero la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó en primera discusión la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», conocida como ley anti-ONG. Días antes, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había asomado algo sobre el tema en en su programa Con El Mazo Dando, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión.
Luisa Quintero, periodista de derechos humanos de TalCual, explicó en CocuyoClaroyRaspao —un espacio conducido por Luz Mely Reyes y Xabier Coscojuela, de Efecto Cocuyo y TalCual, respectivamente — los alcances de esa normativa que, tal y como lo advirtió la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, comisionada por Naciones Unidas, podría significar un cierre del espacio cívico.
Prohibir el financiamiento obtenido a través de la cooperación internacional es lo que básicamente busca esta ley, aseguró la reportera, pues en ella se pide que las asociaciones civiles den toda la información sobre sus donantes, que muchas veces prefieren reservar su nombre para no estar bajo lupa.
«Muchas organizaciones están trabajando de la mano con las agencias de la ONU para implementar los proyectos humanitarios en Venezuela. Esto se vería en peligro si se aplica esta ley», que, según Quintero, consta de 18 artículos y dos disposiciones transitorias.
En el documento se plantea un nuevo registro para las ONG y otras entidades «afines»,que son todas aquellas organizaciones que cumplan un papel de apoyo o trabajo con la sociedad. Y si bien ya existen otros registros, como el que deben hacer ante la Oficina Nacional contra el Terrorismo, este es mucho más punitivo.
«Esta ley es bastante restrictiva. Crea un nuevo registro en el que las fundaciones, asociaciones, etc, están obligadas a inscribirse, presentar libro, hacer cambios de actas. Todo termina siendo, como lo explicaba Alí Daniels, de Acceso para la Justicia, un montón de burocracia que ninguna ONG va a poder cumplir a tiempo (…) Por ejemplo, cada persona de la ONG, maneje o no dinero, debe presentar una declaración jurada de patrimonio», señaló.
Tras su aprobación en primera instancia en el Parlamento electo en 2020, ahora el siguiente paso es hacer una consulta pública en la que se debería incluir a los sectores más afectados y a la población, en este caso las ONG.
Por el momento, dijo la periodista Quintero, no se sabe que hayan girado invitaciones a las organizaciones o que se les haya hecho un llamado de parte de la Comisión de Política Interior.
«Luego de la consulta, debería pasar esta comisión a hacer concertaciones, reredactar los artículos que ya están o escribir nuevos, para ampliar cosas que no están en esa ley . Despés se pasaría a una segunda discusión dentro de la plenaria. Allí se discute título y artículo por artículo, y todas las disposiciones transitorias que tiene la ley».
Esta no es la primera jurisprudencia que el régimen de Nicolás Maduro inventa para intentar eliminar a las ONG. Ya en 2022 se intentó frenar a las ONG con la ley de Cooperación Internacional. En TalCual ya hemos conversado sobre el tema. Pulsa aquí para conocer más detalles.
