Ley de la selva, por Teodoro Petkoff
Si el fiscal quiere investigar matazón, que busque en la calle y no en las actas del gabinete. El fiscal Isaías Rodríguez declaró ayer que la de «exterminio» no es una política del Gobierno, que eso jamás se ha discutido en el gabinete y que cada caso concreto de acciones policiales extrajudiciales sería investigado. Eso está muy bien. Sin embargo, debemos hacer una modesta observación. De existir políticas represivas de «exterminio» es obvio que ellas no se discuten en el gabinete de ningún gobierno del mundo. Si para actuar contra tal desafuero Isaías espera contar con un acta del Consejo de Ministros entonces estamos fregados. Las actuaciones policiales al margen de la ley y de la Constitución son de mano zurda, que no sabe lo que hace la derecha. Así ha sido siempre en este y en cualquier país. De modo que Isaías, si quiere ir más allá de la retórica, hacia donde debe echar un vistazo es hacia el mundo real y no hacia el del papel sellado.
Las actuaciones extrajudiciales de los cuerpos represivos, incluidos los asesinatos, así como los linchamientos en las barriadas populares, son dos caras de una misma moneda: el fracaso del Estado venezolano, incluyendo este Gobierno, en diseñar y aplicar una eficiente política de prevención y represión del delito. Los linchamientos constituyen la reacción patológica de una sociedad que se siente desamparada, que ha perdido la fe en la justicia y que teme más a la policía que a los malandros. Por eso toma la justicia en sus propias manos. Porque siente que es inútil pedir la intervención policial y que poco puede esperar de una justicia corrupta. Por eso se produce ese monstruoso salto atrás, hacia la barbarie.
Pero el linchamiento es alimentado por la política de «exterminio». Cuando en el barrio ven (porque lo ven, aunque la sociedad bien pensante no quiera oír hablar de eso) que los cuerpos policiales o militares actúan al margen de la ley, llegando incluso a «ajusticiar», no pueden sino reforzar la idea de que la ley que rige es la de la selva, ergo, sálvese quien pueda. La Constitución prohíbe la pena de muerte, pero el policía mata con un tiro en la nuca: ¿a quién le creen en el barrio? ¿A la Constitución escrita o a la «real», la que aplica el «exterminador»? El policía asesino y el linchador son parte de una misma crisis de valores y de un mismo fracaso. Fracaso de Estado, fracaso de país.
Los saltos de canguro que ha dado la cifra de muertos en «ajustes entre bandas» y en «enfrentamientos con la policía» son los que deben llamar la atención de la Fiscalía. ¿Esos «ajustes» y esos «enfrentamientos» en verdad tienen lugar? Allí es donde hay que investigar. No sólo en nombre de los fueros de la ley, de la Constitución y de la mera humanidad, sino también en función de la necesidad de diseñar y llevar a cabo una política de seguridad pública eficaz y eficiente. Porque, insistimos, la brutalidad policial antes que atenuar agrava el problema. Ella, en sí misma, constituye un potente factor criminógeno, es decir, genera criminalidad. A propósito, ¿qué es de la vida de Dávila?
