Lea y descargue aquí el texto completo de la Ley de Amnistía promulgada en 2026
La norma concede una amnistía «general y plena» para delitos vinculados a hechos políticos entre 1999 y 2026. Excluye violaciones graves de derechos humanos, homicidio intencional y corrupción
La Asamblea Nacional promulgó este 19 de febrero de 2026 la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento que concede una amnistía «general y plena» por delitos y faltas cometidos entre el 1 de enero de 1999 y la entrada en vigencia de la norma, siempre que estén vinculados a los hechos políticos expresamente enumerados en el texto. El alcance temporal —más de 27 años— convierte a esta ley en una de las más extensas adoptadas en el país.
De acuerdo con el artículo 1, el objeto de la ley es promover la paz social y la convivencia democrática. El artículo 2 añade como finalidades la reconciliación nacional, el pluralismo político y la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas. El texto señala que se rige por principios como la vida, la libertad, la justicia, la democracia y la preeminencia de los derechos humanos, y declara sus disposiciones de orden público e interés general.
La amnistía abarca hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley. En cuanto al ámbito personal, se extiende a toda persona procesada o condenada por hechos específicos comprendidos en la norma, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras su entrada en vigor.
El texto contempla que quienes se encuentren fuera del país puedan hacerse representar mediante poder otorgado a abogado de confianza. También precisa que la amnistía solo aplica a quienes hayan cesado en la ejecución de los hechos objeto del beneficio.
Hechos incluidos en la amnistía
El artículo 8 enumera 13 contextos específicos cubiertos por la amnistía. Entre ellos se encuentran el golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002; el paro y sabotaje petrolero de 2002-2003; manifestaciones vinculadas al referendo revocatorio de 2004; hechos políticos ocurridos en 2007, 2009, 2013 y 2014; y actuaciones de la Asamblea Nacional del período 2016-2021.
También incluye protestas de 2017 y 2019 —con exclusión del delito de rebelión militar—, procesos internos para la selección de candidatos presidenciales en 2023, manifestaciones vinculadas a las elecciones presidenciales de 2024 y aquellas relacionadas con elecciones regionales y parlamentarias de 2025.
La ley excluye violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Tampoco ampara homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes ni delitos previstos en la Ley contra la Corrupción.
Asimismo, quedan fuera personas involucradas en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía e integridad territorial con participación de actores extranjeros.
Efectos jurídicos
El artículo 10 establece que la amnistía extingue de pleno derecho las acciones penales, disciplinarias o civiles relacionadas con los hechos amnistiados, en cualquier estado del proceso, incluyendo solicitudes de extradición. También cesan las medidas de coerción personal y alternativas a la privación de libertad.
El procedimiento prevé que los tribunales deberán verificar cada caso y decretar el sobreseimiento o anular sentencias firmes mediante decisión en un plazo máximo de 15 días continuos. El artículo 12 contempla recurso de apelación con efecto devolutivo.
La norma ordena además la eliminación de registros y antecedentes administrativos, policiales o militares vinculados con las personas beneficiadas, lo que tendría impacto directo en la restitución de derechos y en la posibilidad de reintegración a la actividad pública.
La Asamblea Nacional designó una Comisión Especial para asegurar el cumplimiento de la ley y podrá contar con expertos para asesoría técnica.
La aplicación práctica del instrumento dependerá ahora de la actuación de los tribunales y de los órganos administrativos encargados de ejecutar sus efectos.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
