La provincia depreciada, por Teodoro Petkoff
Una revisión al presupuesto de la nación para 2014 permite discernir bien claramente cuáles son las prioridades y, más que ello, los valores que son propios del régimen chavo-madurista. Cabe destacar su orientación claramente centralizadora y destructora del proceso de descentralización que se inició en l989, con la elección popular directa de gobernadores y la creación de la figura del alcalde, con su consiguiente elección popular directa. Chávez jamás ocultó su desacuerdo con la descentralización e inició el proceso de su reversión. Su sucesor mantiene la misma línea.
Hay una reconcentración y recentralización del poder, que no puede sino conducir, como lo está haciendo, a un incremento de la ineficiencia y a un aumento enorme de la burocracia del Estado central. En nuestro país venimos de esa experiencia y el cambio favorable que se produjo cuando se entró en la descentralización fue notable, mejorando muy significativamente todas las administraciones regionales y locales.
De acuerdo con la Carta Magna, el situado constitucional, es decir el porcentaje del presupuesto nacional que va a los estados, debe estar alrededor de un 20% de este.
La orientación centralizadora y concentradora del poder puede ser claramente visualizada siguiendo la ruta del situado, como porcentaje del presupuesto central, desde unos años para acá. Ese porcentaje, que ya en 2010 estaba lejos del 20%, ha venido bajando sostenidamente desde ese año. De un 13% que alcanzó en 2010, cayó a 12% en 2011; 10,6% en 2012 y este año llega al 9,8%. Resta y sigue.
Este proceso descendente se lleva a cabo mediante la aplicación de una artimaña, que consiste en calcular el presupuesto nacional con base en un ingreso petrolero absolutamente irreal por subestimado. Con un barril de petróleo que se mueve establemente alrededor de los 100 dólares, el gobierno estima los ingresos presupuestarios con base en un barril de 60 dólares. El ingreso que deriva del barril a 60 dólares es el que sirve de base para calcular los ingresos presupuestarios y para establecer el 20% que corresponde de estos ingresos al situado. La diferencia entre los 60 dólares del chavo-madurismo y los 100 dólares del precio real, en lugar de ser destinada proporcionalmente a las regiones, se la queda el gobierno para sus propios propósitos. Todo esto es inconstitucional, por supuesto, pero pensará Maduro que una raya más para un tigre no es nada. Una Constitución tantas veces violada ya ni llama la atención cuando lo es por enésima vez, como en este caso de sustraer a las regiones una considerable parte del dinero que les corresponde. La misma discriminación se establece en contra de las alcaldías y a favor del engendro denominado Poder Comunal, que en la práctica ha devenido en disfraz de los organismos de base del PSUV, cuyas finanzas provienen obviamente del aprovechamiento del presupuesto nacional.
Este partido, el PSUV, es hoy parte del Estado. La confusión entre Estado y partido fue una práctica común a los regímenes totalitarios de derecha e izquierda. Desde luego que no vivimos en la Alemania hitleriana o en la Italia fascista ni en la Unión Soviética, países a los cuales esa simbiosis partido-Estado les fue característica, pero la orientación del gobierno, con la demolición de la descentralización, tiene mal olor.
