La «productividad» del TSJ se aceleró ante designación de nuevos magistrados
El parlamento no ha explicado cuántos cargos estaban vacantes dentro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que todavía no ha elegido a su junta directiva para el año 2026 aunque el lapso venció el pasado mes de enero
El Tribunal Supremo de Justicia ha acelerado la resolución de solicitudes y casos durante la última semana, hecho que coincidió con el anuncio sobre la escogencia de un Comité de Postulaciones Judiciales para renovar un Poder Judicial que ha sido señalado por organismos internacionales, como la Misión de Determinación de Hechos, como uno de los brazos de la represión política en Venezuela.
El pasado 21 de abril, el parlamento designó a la comisión preliminar que escogerá a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales. Esta última instancia será la encargada de fijar el baremo y seleccionar a los postulados a magistrados que, finalmente, deben ser aprobados por mayoría de diputados de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el parlamento no explicó cuántos cargos estaban vacantes dentro del Poder Judicial, que todavía no ha elegido a su junta directiva para el año 2026 aunque el lapso venció el pasado mes de enero.
Ante la opacidad, algunas organizaciones como Transparencia Venezuela han señalado que hay cuatro vacantes confirmadas en las Salas Constitucional, Político-Administrativa y de Casación Social. Pero otros ocho magistrados podrían salir del máximo tribunal vía jubilación. Uno de ellos es Elsa Gómez, quien pertenece a la Sala de Casación Penal y ya se identifica como «magistrada emérita» en sus redes sociales.
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En la semana del 20 al 24 de abril, en la página web del TSJ se publicaron 228 decisiones: la Sala de Casación Civil publicó 113 fallos, seguida por la Sala de Casación Penal con 57, la Sala Político-Administrativa con 32 y la Sala de Casación Social con 26.
El mismo día que la Asamblea Nacional inició la recepción de credenciales para el Comité de Postulaciones Judiciales (24 de abril) se publicaron 168 fallos. Esta semana, solo la Sala de Casación Social publicó una sentencia.
Asimismo, en la lista de los magistrados más «productivos» durante la semana pasada figuran seis identificados por Transparencia Venezuela dentro de la lista de revocables:
- Carmen Alves Navas (Sala de Casación Civil): 43 sentencias.
- Henry José Timaure Tapia (presidente de la Sala de Casación Civil): 32 sentencias
- Maikel Moreno Pérez (Sala de Casación Penal): 20 sentencias.
- Elsa Janeth Gómez Moreno (presidenta de la Sala de Casación Penal): 17 sentencias.
- Malaquías Gil Rodríguez (presidente de la Sala Político-Administrativa): 12 sentencias.
- Juan Carlos Hidalgo Pandares (Sala Político Administrativa): 11 sentencias.
En cuanto al trabajo de cada una de las Salas, destacan los magistrados encargados del área constitucional.
Hasta el 27 de abril han publicado 515 decisiones, la mayor cantidad durante el mes de marzo (307). Ese mes se publicaron 104 fallos el 11 y 25 de marzo, respectivamente. En enero se difundieron dos sentencias, relacionadas con la captura de Nicolás Maduro y la designación de Delcy Rodríguez como encargada.
Pero fue Casación Social la que publicó consistentemente sus decisiones en el portal web del TSJ durante el primer cuatrimestre del año. La que menos produjo fue la Sala Plena, que ha hecho públicas nueve sentencias en este período, todas difundidas el 5 de febrero.
En las revisiones que ha hecho la organización Acceso a la Justicia sobre las decisiones que destacan en el año, justamente resaltan la interpretación del TSJ a la vacancia presidencial tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero, así como las prórrogas inconstitucionales al decreto de emergencia económica (vigente desde el 9 de abril de 2025), la jurisprudencia sobre la imprescriptibilidad del delito de incitación al odio, la obligación de las fundaciones de pagar la contribución especial para la «protección» de las pensiones o que la recuperación de inmuebles debe ser tramitada en tribunales civiles.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
