La des-vergüenza de los trabajadores de Conviasa
Este sábado 6 de julio se viralizó un vídeo en la red social X, publicado desde cuentas cercanas a la administración Maduro, donde trabajadores de la aerolínea estatal Conviasa, léase del Estado venezolano, le recriminan al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, por movilizarse en uno de esos aviones hasta la ciudad de Barinas.
«¿No le da vergüenza, no le da pena viajar por Conviasa, ah? Después que nos quitaron un avión de Emtrasur y atentaron con la economía del país (…) Si no es por nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro general no sacamos esta empresa adelante», dice un trabajador, que en ningún momento se identifica, desde su caseta.
Luego suelta otra perla más fuerte: ¿Qué hace si le retenemos el boarding pass y no viaja?». El candidato González Urrutia se mantuvo impávido durante los reclamos.
#EstosSon Trabajador de la aerolínea Conviasa le reclama al candidato Edmundo González por qué viaja en la empresa estatal si apoyó la confiscación y robo del avión de Emtrasur entre Argentina y EEUU. ¿no le da vergüenza y pena? pic.twitter.com/zLo65MrhF5
— La Tabla (@latablablog) July 6, 2024
Lo que se olvidó el trabajador de Conviasa, tal como lo dijimos al inicio, es que trabaja en una empresa del Estado, es decir, para el poder permanente y no a favor de una temporalidad, en este caso, la administración Maduro. Tampoco tiene autoridad, basado en su subjetividad política, para impedir a una persona que aborde un vuelo sin una motivación que no esté contemplada como delito.
La Ley del Estatuto de la Función Pública prohíbe a los funcionarios «realizar propaganda o coacción pública» (artículo 34). Así mismo, en su artículo 83 establece una sanción (amonestación escrita) a todo funcionario que haya incurrido en una «falta de atención debida al público», al igual que «realizar campaña o propaganda de tipo político o proselitismo».
El abogado Joel García también recuerda otra cosa. Según la Ley especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. «El funcionario público que en funciones inherentes a su cargo, cometa actos bajo los cuales se agreda psicológicamente a otra persona, sometida o no a privación de libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación; realice un grave ataque contra su dignidad, con la finalidad de castigar o quebrantar su voluntad o resistencia moral, será sancionado con pena de 3 a 6 años de prisión».
En un gobierno que se dice democrático, tal como lo ha repetido Nicolás Maduro en tiempos de precampaña y campaña electoral, deberían amonestarse este tipo de situaciones. El tiempo nos dirá si quedan dentro de la viralidad pasajera de redes sociales y será otro signo de una campaña desigual, como el uso de recursos del Seniat y Pdvsa, por nombrar algunos.
