La Conversa de ARI | Joel García: “En Venezuela todos estamos en libertad condicional”
El abogado dijo en La Conversa que a diferencia de la represión en protestas de años anteriores, a los detenidos no les dejan nombrar defensa particular. Aseguró que a los abogados públicos les impiden denunciar bajo amenaza de perder sus cargos e incluso su libertad. Criticó el trato que se les ha dado a los adolescentes y fustigó la pasividad de la Defensoría del Pueblo
Para el abogado defensor de presos políticos Joel García, la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra la sociedad civil en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ha sido la más cruenta en los últimos 25 años.
A juicio de García, en este momento “nadie en Venezuela está a salvo, todos estamos en libertad condicional”.
El abogado hizo la afirmación este martes 17 de septiembre durante una nueva edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual, la cual llevó por título El drama de los presos políticos en Venezuela.
En el programa, que estuvo conducido por Víctor Amaya, director de TalCual, y Luis Blanco, director de Runrun.es, García aseguró que en Venezuela se puede ir a la cárcel por el simple hecho de emitir una opinión en público o redes sociales, haber sido testigo o miembro de mesa el 28J, ser político, activista, periodista o colocar un estado de Whatsapp.
“No sabemos si esta conversación que tenemos ahora pueda ser considerada un acto de terrorismo”.
Según García, esta arremetida poselectoral del régimen chavista no ha concluido y continúa con la edificación o remodelación de prisiones, imputaciones de delitos de odio y terrorismo y aumento de la cifra de presos políticos.
Para el abogado existe una marcada diferencia entre las represiones en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014, 2017 y 2019 y las recientes luego del 28J.
“Más allá de lo cuantitativo, estamos viendo que desde enero de este año, a ninguna de las personas detenidas les han permitido designar defensores de confianza y el ejemplo más ferviente es el caso de Rocío San Miguel, que está presa desde febrero y sigue sin derecho a abogado privado”.
García denunció que a abogados como él ni siquiera les dan acceso a los tribunales.
“Los jueces de control son los primeros que vulneran los derechos, las audiencias son masivas, no se individualizan conductas. El fiscal (Tarek William Saab) dice que no tiene denuncia alguna por violaciones a derechos humanos y eso es porque a los defensores públicos les prohíben denunciar”.
El abogado sentenció que cualquier funcionario público está obligado a denunciar tratos crueles y degradantes.
“Esa omisión es considerada un delito. El asunto es que a los defensores les prohíben denunciar cualquier irregularidad porque el resultado es declarar sin lugar y corren el riesgo de perder sus cargos incluso su libertad”,
García citó el caso de Maglen Marin Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal provisoria del estado Anzoátegui y fue destituida e imputada por supuestamente cometer el delito de “omisión intencional” en un proceso judicial contra cuatro manifestantes.
Adolescentes desamparados
El abogado indicó que los juicios a los adolescentes tienen un carácter educativo.
“En teoría deberían estar presentes los representantes, pero ninguno ha podido participar. Los adolescentes no pueden cumplir una pena superior a 10 años y se les debe rebajar la condena si admiten su responsabilidad”.
Alertó que a los adolescentes les están haciendo audiencias masivas.
“Muchos tienen más de 45 días y no han sido acusados, los imputan de manera telemática sin especificar conductas individuales, como si se tratase de una misa colectiva. La mayoría no ha recibido visita de su familiares, no les pueden suministrar alimentación, desconocen de su salud, lo poco que saben es que están bien”.
García sentenció que al admitir la culpabilidad al acusado debe rebajársele un tercio o la mitad de la sentencia, pero en delitos como terrorismo corresponde un tercio.
El abogado acotó que ante estas irregularidades la Defensoría del Pueblo brilla por su ausencia.
“Conozco muchos familiares que han acudido y no han obtenido respuesta alguna, la Defensoría solo existe en la Constitución, es una sede, pero no conocemos más nada, es totalmente gris”.
García indicó que con lo estipulado en el nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, es suficiente para que la Defensoría del Pueblo abra una investigación de oficio.
“En Venezuela hace falta más educación en vez de construir más cárceles, se están construyendo prisiones para un sector específico de la población, un sector que siente que le fueron vulnerados sus derechos políticos por medio del sufragio”.
El abogado informó que desde 2014, los cuerpos de seguridad del Estado han practicado más de 17 mil detenciones por razones políticas, de esas a 9 mil personas les aplicaron medidas cautelares.
“El patrón ha sido igual, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos sin órdenes judiciales, torturas, incomunicación y ausencia de defensa”.
García denunció que la “Operación Tun Tun” se ha venido practicando desde hace tiempo.
“La autonomía judicial no existe, hay una cadena de mando y eso es grave porque todos los venezolanos estamos indefensos”.
El abogado indicó que pese a que no hay una suspensión de garantías, en Venezuela no existe el estado de derecho.
“Es una sociedad de barbarie, nadie está a salvo. La persecución por razones políticas está establecida como un crimen de lesa humanidad. Hablar de justicia en este país es forzar el concepto, porque no la tenemos”.
