Justicia española archiva investigación a empresario Raúl Gorrín por corrupción en Pdvsa
La jueza española María Tardón adoptó la decisión pese a un informe de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba necesaria la práctica de más diligencias antes de acordar el sobreseimiento de la causa contra Raúl Gorrín
Una jueza de la Audiencia Nacional de España archivó una investigación contra el empresario Raúl Gorrín Belisario, dueño de Globovisión, por falta de «indicios de criminalidad» en presuntos delitos de blanqueo en la causa por el esquema de sobornos en la estatal venezolana Pdvsa.
En un auto, al que tuvo acceso la agencia EFE, la magistrada María Tardón expuso que tras más de cinco años de investigación «no se ha llegado a corroborar, más allá de las invocadas sospechas de encontrarnos ante operativas sospechosas de blanqueo de capitales (…), que los que al investigado se atribuyen puedan tener como origen el producto ilícito de la comisión de algún hecho delictivo».
La jueza adoptó la decisión pese a un informe de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba necesaria la práctica de más diligencias antes de acordar el sobreseimiento de la causa de Gorrín.
Gorrín fue imputado en 2019 a raíz de un informe de la Policía española que le relacionaba con una operación vinculada con una línea de crédito concedida por la sociedad venezolana Rantor Capital a Pdvsa, cuyo derecho de cobro es cedido en diciembre de 2014 a Eaton Global Services.
Esta empresa estaría controlada por Gorrín, que habría sido «el destinatario de 600 millones de dólares recibidos de la petrolera como parte de la supuesta línea de crédito, que habría sido justificada ante las entidades financieras con contratos falsos, así como con las actividades de otros dos investigados en esta causa José Vicente Amparan Croquer y Hugo André Ramalho Gois», según dicho informe.
Además se señalaba que Gorrín está inmerso en un procedimiento de los Tribunales del Distrito Sur de Florida por blanqueo y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y que se encontraba huido de la justicia y en paradero desconocido.
Al pedir el archivo de la causa, Gorrín presentó copia de una resolución de un Juzgado de Caracas de 2020 que decretaba el sobreseimiento, a instancias del fiscal, de la causa en la que se investigaban los hechos relativos a la línea de crédito señalada y la devolución de esos préstamos.
En su informe en contra del archivo, la Fiscalía reclamó a la jueza solicitar a las autoridades venezolanas acreditar la veracidad de ese documento y conocer las investigaciones penales llevadas a cabo contra Gorrín en el país.
La jueza denegó la petición por considerar que la copia está «debidamente testimoniada y bastanteada con la Apostilla de la Convención de La Haya» y descartó la comisión rogatoria y otra diligencia.
Con información de agencia EFE
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