Justicia brasileña acepta pedido de recuperación judicial de Odebrecht
El grupo aclaró que, de la deuda total, unos 8.483 millones de dólares son compromisos contraídos entre las propias compañías de ODB
El primer tribunal de quiebras de Sao Paulo aceptó el pedido de recuperación judicial realizado por el conglomerado brasileño Odebrecht, que cayó en quiebra tras verse implicado en un esquema de corrupción que desencadenó las investigaciones del caso Lava Jato.
ODB, holding que agrupa las diferentes empresas del grupo, hizo el pedido, posteriormente aceptado por el juez Joao de Oliveira Rodrigues para dar luz verde al mayor proceso de recuperación judicial de la historia del país sudamericano.
La deuda de Odebrecht supera los 98.000 millones de reales, una cantidad aproximada de 25.192 millones de dólares. De este total, unos 84.000 millones de reales (21.595 millones de dólares) son créditos sujetos a recuperación judicial.
De esta forma, la deuda de Odebrecht y su respectiva recuperación judicial supera los 65.000 millones de reales (16.665 millones de dólares) solicitados por el grupo Oi A.S, una de las mayores empresas de telefonía del país.
ODB aclaró que, de la deuda total, unos 33.000 millones de reales (8.483 millones de dólares) son compromisos contraídos entre las propias compañías del grupo.
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Mediante un comunicado, la administración de Odebrecht recalcó que el pedido de recuperación judicial contempla la medida más adecuada para dar con una conclusión exitosa para su proceso de reestructuración financiera, después del «vencimiento de diversas deudas, la ocurrencia de hechos imprevisibles y los recientes ataques a los activos de las empresas».
Las operaciones financieras de la gigante corporación brasileña se han visto perjudicadas después de que se destapara el entramado de corrupción en 2014. Sus acuerdos en diversos países de la región se suspendieron y se vieron en la obligación de responder ante la justicia.
La constructora ha firmado acuerdos, que incluyen el pago de multas, con los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Ecuador y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga y trabaja con otros países para cerrar pactos similares.
