Justicia del horror, por Teodoro Petkoff
El 11 de Abril de 2002 murieron 19 personas y quedaron heridas un poco más de cien. Es obvio que estas muertes y lesiones tienen responsables y que es deber del Estado esclarecer los hechos para enjuiciarlos. Esto no tiene discusión. Pero el punto con las brutales sentencias de Maracay es que no se hizo justicia. Fueron condenados unos agentes policiales cuya responsabilidad en lo ocurrido no sólo no pudo ser probada por la Fiscalía sino que del examen de los expedientes, y de la enorme masa de información existente, se desprende exactamente lo contrario: que los agentes sobre los que recayeron esas pesadas penas no tuvieron nada que ver con las muertes de las tres personas de las cuales se les acusó, ni de ninguna otra. Esto significa que los agentes fueron víctimas de una injusticia monstruosa, determinada por razones estrictamente políticas, derivadas de la decisión de satisfacer los fueros de la venganza y la intimidación y no los de la justicia.
En el caso de los comisarios Simonovis, Vivas y Forero, cuya responsabilidad, obviamente, no podría haber sido sino la de comandantes de las operaciones policiales y no de actores directos, tampoco la Fiscalía pudo probar que sus actuaciones aquel 11A hubieran tenido conexión con los desenlaces fatales. De modo que también se les ha condenado por razones estrictamente políticas. Son chivos expiatorios. Con ellos no se hizo justicia sino injusticia.
En un juicio sobre sucesos como los del 11A, en los cuales hubo víctimas en ambas masas humanas y se produjeron disparos de lado y lado, es imposible que se pretenda hacer creíble una sentencia judicial que descarga toda la responsabilidad sobre un solo lado
Tan imposible es y tan evidente fue la actuación letal de otros actores, que las primeras investigaciones llevaron a acusar a los llamados «pistoleros» de Puente Llaguno, así como a imputar a tres guardias nacionales, entre ellos un coronel, como involucrados en varias muertes.
Los primeros fueron liberados a los pocos meses, después de una pantomima judicial, y los de la GN andan tranquilamente por la calle, sin que en su caso se haya ido más allá de la imputación. Estas dos varas para medir son características de la Justicia del Horror y hacen aún más inicua la sentencia, porque esta, a todas luces, no se basa en la ponderación de los sucesos sino en la voluntad del Déspota.
Por esto era tan importante una Comisión de la Verdad, que al igual que en Argentina, Chile, Perú y El Salvador, hubiera podido investigar y esclarecer los hechos, y facilitar la actuación judicial, así como permitir que la sociedad pudiera metabolizar la desgracia y reencontrarse consigo misma, a partir de la realización de la justicia. Fue lo que ocurrió en todos aquellos casos.
Aquí no, porque la idea fue saboteada por el gobierno, que nunca la quiso. Más bien se hizo del 11A un motivo de polarización y desgarramiento del alma venezolana, y no de reflexión sobre el abismo a cuyo borde estamos asomados desde entonces. Esta sentencia miserable nos polariza aún más.
