JEP rechaza negativa de amnistía a 50 presos del caso «Plaza Venezuela» y pide investigar
La oenegé expresó su preocupación por la denegación sistemática de solicitudes de amnistía y pidió revisar qué está pasando para poder corregir y garantizar la igualdad ante la ley
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) rechazó la negativa de amnistía a 50 presos políticos vinculados a la denominada causa Plaza Venezuela y exigió una investigación imparcial.
«Resulta profundamente preocupante que dichas solicitudes hayan sido rechazadas sin motivación jurídica alguna, según indican los familiares», señaló a través de su cuenta en X.
La oenegé destacó que la aplicación de la Ley de Amnistía desnaturaliza su propósito y perpetúa situaciones de injusticia.
«La denegación sistemática y sin argumentos de estas solicitudes refleja una práctica que debe ser urgentemente corregida para garantizar la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica», sostuvo.
Justicia, Encuentro y Perdón exigió una revisión imparcial e independiente de los casos afectados, así como la aplicación efectiva, transparente y sin discriminación.
De igual manera, sugirió considerar mecanismos legales adicionales, tales como el «sobreseimiento de causas sin fundamento» y la revisión del uso de «tipos penales» para evitar aplicaciones indebidas.
Este caso, se dio a conocer a principios de agosto de 2025, cuando el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció el desmantelamiento de una presunta conspiración para detonar explosivos en Plaza Venezuela, orquestada –según dijo– por dirigentes opositores como María Corina Machado.
Hasta el pasado 26 de marzo, según el reporte oficial presentado por Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento de la Ley de Amnistía, un total de 8.146 ciudadanos habían sido beneficiados con la aplicación del instrumento legal.
El parlamentario del PSUV detalló que el proceso administrativo y judicial continúa en ejecución para garantizar el cumplimiento de los lapsos establecidos en la normativa. No obstante, organizaciones de derechos humanos han señalado la imposibilidad de contrastar y verificar las cifras anunciadas por la Asamblea Nacional.
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