JEP alerta sobre falta de independencia en elección de Fiscal y Defensor
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denuncia que mientras los procesos de selección continúen guiados por criterios de lealtad política, el Ministerio Público seguirá operando como un mecanismo de contención de la justicia y la Defensoría del Pueblo como una estructura vaciada de contenido
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) emitió un comunicado en el que evaluó el impacto de los recientes nombramientos en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
A juicio de la ONG, las designaciones de Larry Devoe como Fiscal General y Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo consolida una arquitectura diseñada para blindar al poder político frente al escrutinio internacional, en vez de constituir un avance hacia la reinstitucionalización del país.
«Analizamos con extrema preocupación que la selección de estos perfiles no responde a criterios de idoneidad técnica o independencia, sino a la especialización en la narrativa de negación de violaciones de derechos humanos», dice la misiva, con fecha del 9 de abril.
JEP resaltó el caso del recién designado Fiscal, quien desestimó denuncias, relativizó patrones de represión y persecusión, y justificó la actuación de los cuerpos de seguridad cuando fue representante del Estado venezolano ante instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas. «Este historial no es neutro ni accesorio; define un posicionamiento que resulta incompatible con el principio de imparcialidad que debe regir la función fiscal», subrayó la organización.
De igual modo, JEP considera que la situación de la Defensoría del Pueblo, ahora ocupada por la abogada González Lobato, «refleja un proceso similar de desnaturalización institucional», pues se dio en un contexto de opacidad y sin auditoría social. Pese a que esta instancia está constituida como la primera línea de defensa de los ciudadanos frente al abuso estatal, queda reducida a una instancia formal sin capacidad real de incomodar al poder o de documentar con rigor las violaciones de derechos humanos.
«Para las víctimas y sus familias, este perfil no genera confianza ni seguridad jurídica. Una Defensoría que nace de la negociación política y no del concurso de méritos competitivo, está inhabilitada para incomodar al poder o para documentar con rigor las detenciones arbitrarias y los casos de tortura que, como hemos denunciado, siguen ocurriendo en centros como el Rodeo I», señala el comunicado.
Retroceso en el Estado de Derecho
Para la ONG, estas nuevas designaciones elimina los contrapesos y crea las condiciones para la normalización de prácticas represivas. Señala que mientras los procesos de selección continúen guiados por criterios de lealtad política en lugar de mérito, transparencia y control ciudadano, entonces el Poder Ciudadano seguirá operando como una ficción institucional.
«La recuperación de la justicia en el país debe pasar por la reconstrucción de las reglas que rigen el acceso y ejercicio del poder público. Sin ello, lo que se consolida no es un Estado de derecho, sino un sistema de gestión política de la impunidad», puntualiza.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
