IPYS y CNP alertan que persisten la persecución y el amedrentamiento contra la prensa
IPYS insiste en que la discusión sobre libertad de prensa debe ir más allá del diagnóstico. La reconstrucción de este derecho pasa por medidas concretas como cese de la persecución judicial, desbloqueo de medios digitales, entre otras
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) afirman que en el país «la persecución contra periodistas no ha cesado», sino que ha cambiado de forma. Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en Venezuela se sigue haciendo periodismo, pero bajuo presión y miedo.
IPYS advierte que aunque las excarcelaciones de trabajadores de la prensa podrían interpretarse como señales de alivio, la libertad sigue siendo «parcial y reversible», sin garantías para el ejercicio pleno del periodismo. Igualmente, el CNP denuncia que el «esquema de amedrentamiento» persiste.
Las organizaciones alertan que en el país, pese al «nuevo momento político», en el país el ejercicio político está limitado. Ejemplifican que aún hay periodistas que evitan firmar sus trabajos, que las coberturas se han reducido y que la persecución siguen siendo parte de la normalidad.
IPYS documentó el año pasado 111 casos que se configuraron en 139 violaciones a la libertad de expresión y anque la cifra representa una disminución respecto a años anteriores, exponen que el dato es engañoso porque demuestra que el riesgo no desapareció, sino que se transformó: «25 detenciones arbitrarias y cinco desapariciones forzadas marcaron un punto de quiebre. A partir de ahí, el impacto dejó de ser individual y comenzó a extenderse sobre todo el ecosistema, reconfigurando decisiones cotidianas, agendas de cobertura y límites editoriales», detalla el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela.
IPYS aseguró que ocho de cada 10 periodistas reconocieron haber modificado su forma de trabajar: no solo son agresiones, sino en lo que deja de publicarse, como temas sensibles «a las esferas del poder».
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2026: continuidad del patrón
En los primeros meses de 2026, IPYS ha documentado al menos 36 violaciones a la libertad de expresión. El patrón se repite: detenciones durante coberturas, borrado forzado de material, agresiones y cierres de emisoras.
Las excarcelaciones registradas entre enero y febrero no han implicado una restitución de derechos. Según la organización, estas medidas se han dado bajo criterios poco transparentes y acompañadas de procesos judiciales abiertos, cargos desproporcionados y restricciones al derecho a la defensa.
Periodistas como Carlos Julio Rojas, Rory Branker, Ismael Gabriel González, Jonathan Carrillo, Luis López y Omario Castellanos siguen bajo procesos judiciales o a la espera de la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía. En este contexto, la libertad funciona más como una concesión que como un derecho garantizado.
Para Edgar Cárdenas, secretario general del CNP, el problema de fondo no ha cambiado. «Es difícil hablar de libertad de prensa en Venezuela, debido a que persiste el esquema de amedrentamiento contra los comunicadores», afirmó.
Cárdenas señala que los casos de periodistas excarcelados pero aún sujetos a medidas cautelares evidencian la ausencia de garantías reales. «No se ha aplicado ni el sobreseimiento ni lo contemplado en la amnistía. Es una forma del Estado para que los periodistas eviten temas sensibles para el poder», agregó.
IPYS insiste en que la discusión sobre libertad de prensa debe ir más allá del diagnóstico. La reconstrucción de este derecho pasa por medidas concretas: cese de la persecución judicial, liberación plena de periodistas detenidos, desbloqueo de medios digitales, restitución de concesiones y acceso efectivo a la información pública.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
